El fiscal del 'caso Mogán' no ve delito en la actuación del presidente de Canarias

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) remitió ayer un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana en el que informa de que "no hay indicios suficientes" de que hayan incurrido en delito el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín (Coalición Canaria), y otros altos cargos de su Ejecutivo en las conversaciones que han mantenido con el empresario Santiago Santana Cazorla, y en las que éste supuestamente buscó apoyo para la urbanización turística Anfi Tauro, que promueve en Mogán (Gran Canaria).

Tras ser difundida la nota de la fiscalía, el portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, insistió en que "ni el presidente ni nadie del Gobierno de Canarias están involucrados en caso alguno de tráfico de influencias sobre el expediente Anfi Tauro". Becerra se ratificó en lo que había dicho el viernes pasado: "El Gobierno de Canarias se ha ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitación del expediente turístico Anfi Tauro y está seguro de que las investigaciones judiciales sobre este caso exonerarán de toda responsabilidad a los miembros del Ejecutivo".

El portavoz defendió entonces que "la aparición de estos nombres en el transcurso de las averiguaciones pueden constituir meros indicios circunstanciales que, con seguridad, una vez investigados, demostrarán la absoluta legalidad y honestidad de las actuaciones del Gobierno de Canarias". Becerril sostuvo que "no se han recibido presiones de Santana Cazorla, ni de nadie", y defendió que "cualquier administrado, sea o no empresario, tiene derecho a defender las tesis propuestas en sus solicitudes y a estar informados sobre la tramitación de las mismas".

El Gobierno de Canarias aseguró desde el primer momento que "los hechos demuestran que durante la tramitación del expediente se ha ido reduciendo las posibilidades de construcción turística planteadas por Anfi Tauro, para su mejor adecuación al planeamiento sectorial-turístico y territorial". La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente ha explicado en un comunicado que "Anfi Tauro solicitó inicialmente 7.500 plazas y no le fueron admitidas; con posterioridad, propuso 3.405 plazas, que de nuevo han sido consideradas excesivas por el Gobierno de Canarias". Según la Consejería, "únicamente cabe plantearse tres alternativas que van de las 1.621 a las 1.790 plazas, para ajustar la capacidad alojativa de los establecimientos a la capacidad de uso de los equipamientos complementarios previstos en el proyecto y al plazo de vigencia" de las Directrices Generales de la Ordenación y del Turismo.

Al reducir a menos de un tercio las plazas de alojamiento solicitadas por el promotor inmobiliario, el Gobierno canario subraya que "los hechos demuestran que ni se han ejercido influencias indebidas ni, en consecuencia, ha existido trato de favor; ni se ha dejado de informar a la empresa promotora sobre los trámites a que ha estado sometido el expediente iniciado por ella".

El Ejecutivo de Adán Martín tiene sobre la mesa cuatro proyectos inmobiliarios turísticos que los Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife han calificado "de interés general" en función de las excepciones contempladas en la moratoria. En Gran Canaria, ha reducido el de Anfi Tauro (en Mogán), que ha pasado de las 7.500 plazas solicitadas inicialmente a la aceptación final de 1.790, si bien el expediente no está cerrado. A él se suma otro proyecto cuyo expediente ha culminado para San Bartolomé de Tirajana, que prevé un hotel y villas de las máximas categorías, con una capacidad total de 2.631 plazas. En Tenerife, ya están culminados los expedientes de dos instalaciones: un hotel temático familiar de cinco estrellas, con 484 plazas, en Adeje y un complejo de apartamentos de cinco llaves, con 700 plazas, en Guía de Isora.

Aplicación de la moratoria

Respecto a la polémica planteada a raíz del caso Mogán, el Gobierno canario ha detallado que "en noviembre de 2005, el Cabildo Insular de Gran Canaria", gobernado por el PP con mayoría absoluta, "trasladó al Gobierno la solicitud inicial de declaración de interés general del proyecto turístico Anfi Tauro de hasta 7.500 camas alojativas, a construir en varias fases: la primera, en el trienio 2003-2006, y el resto en sucesivos trienios". Pero, según el Ejecutivo autónomo, "las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y de Turismo no consideran procedente comprometer la capacidad alojativa de periodos que vayan más allá del contemplado en la Ley de Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, cuya moratoria constructiva afecta al trienio 2003-2006".

El promotor inmobiliario de este proyecto, Santa Cazorla, concertó una reunión con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, que no llegó a celebrarse ya que ese mismo día él fue detenido por el caso Mogán.