Vizcaya mantendrá el reconocimiento de deuda para el pago de plazas en residencias

La Diputación, que prevé rebajar la cantidad adeudada, rechaza eliminar el piso como aval

La Diputación de Vizcaya mantendrá el llamado reconocimiento de deuda (garantizar con el patrimonio el pago de la plaza de residencia) pero rebajará el porcentaje que deberán abonar los usuarios. El titular de Acción Social, Juan María Aburto, rechazó que la Diputación estudie suprimir la vivienda habitual como aval para el pago de los servicios prestados. "Me sorprende que se cuestione este sistema que creemos que es justo y progresivo". dijo. El Gobierno está elaborando el borrador de la nueva ley de Servicios Sociales, donde se regulará el copago.

El modelo de las prestaciones sociales y su financiación se encuentra ahora en el centro del debate, después de que hace más de un año se anunciara la elaboración de una nueva ley. Todavía se desconocen las líneas de la normativa, ya existente desde 1996, aunque su falta de desarrollo ha derivado en que cada territorio marche a una velocidad diferente en la provisión de sus servicios sociales, desde plazas en residencias de ancianos a la creación de centros de día y la ayuda domiciliaria.

El PSE formuló la pasada semana su modelo, en el que defienden un sistema organizado como el sanitario y sin diferencias territoriales, y que se eliminen requisitos como que los mayores respondan con su vivienda habitual para pagar, tras su muerte, parte de los servicios prestados. Vizcaya y Álava lo aplican, mientras que en Guipúzcoa no lo establece como aval, pero sí incluye la vivienda en la valoración de los bienes para fijar el precio del usuario. El Departamento de Asuntos Sociales, dirigido por Javier Madrazo, presenta hoy el anteproyecto de la Ley de Servixios Sociales.

La Diputación vizcaína defendió ayer el sistema del reconocimiento de deuda, incluyendo la vivienda como garantía, por el "consenso muy amplio" con el que se aprobó hace un año y su "justicia y progresividad", afirmó Juan María Aburto. Rechazó así las afirmaciones del PSE, que había sugerido la disposición de Vizcaya a la eliminación de la vivienda. "Pensamos que quien más tiene debe pagar, sea en dinero o patrimonio". El diputado explicó que, si se elimina el piso como aval, habría situaciones discriminatorias entre quienes venden su vivienda y se le computa esos ingresos para fijar el precio en la residencia y las personas que mantienen el piso.

Aburto sí anunció que en dos meses habrá cambios en el sistema para rebajar el importe de la deuda, cuya cuantía máxima es ahora del 90% de los bienes del usuario, aunque la media ronda el 23%. Vizcaya baraja una disminución global del porcentaje o establecer una serie de tramos en función de los ingresos de la persona mayor.

Sobre la Ley de Dependencia, el diputado insistió en que en Vizcaya se mantendrá la atención a las 25.000 personas consideradas dependientes, pese que la normativa estatal sólo prestaría servicios a 5.000, según los cálculos forales.

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Atención a 15.300 dependientes

La Diputación de Vizcaya atendió el pasado año a 15.300 personas dependientes, entre mayores que no pueden valerse por sí mismos y discapacitados, con un presupuesto de 113 millones. Más de 5.900 fueron asistidos en residencias, lo que supone casi un 10% más que en 2005.

El diputado Juan María Aburto afirmó que Vizcaya cubre la atención del 4,41% de los mayores del territorio, "muy cerca del 5% que se considera el adecuado", aseguró. Este índice era del 3,6% hace dos años. Aburto dijo que para 2011 se espera alcanzar el 5%. Hasta el pasado 31 de diciembre había 131 residencias con 8.337 plazas y la lista de espera era de 82 personas, que, según el diputado, se solventará "en dos meses". El presupuesto para las residencias se elevó a 67,6 millones.

El servicio de teleasistencia -destinado a emergencias, reparaciones, gestiones o atención periódica para visitas al médico o ingesta de medicamentos- asistió a 6.563 personas. En cuanto a los discapacitados, había 863 plazas en 54 viviendas y residencias.

El área de Acción Social descubrió ilegalidades en 13 de las 127 residencias inspeccionadas de oficio, aunque "no afectaban gravemente al bienestar de los usuarios". Aburto presentó una encuesta entre usuarios y familias de mayores, en la que la satisfacción con el servicio ronda el 95%.

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