Irak cierra sus fronteras con Irán y Siria para frenar la violencia

En medio de una nueva jornada de atentados y asesinatos, el Gobierno iraquí desveló ayer un nuevo plan de seguridad, centrado en Bagdad, para tratar de frenar la violencia rampante. El Gobierno ordenó el próximo cierre de las fronteras con Irán y Siria durante 72 horas, extendió el toque de queda en la capital y dio poderes extraordinarios al Ejército y a la policía, que podrán realizar registros sin orden judicial. En la nueva ofensiva, que cuenta con el apoyo de tropas estadounidenses, participarán en total cerca de 85.000 soldados.

El general Abud Gambar describió en Bagdad el nuevo plan, aunque no anunció el momento preciso en que entrará en vigor. "Todos los que incumplan las medidas impuestas por este decreto serán juzgadas en virtud de la ley antiterrorista durante procesos excepcionales", señaló el general, que coordinará la operación.

El toque de queda se prolongará entre las ocho de la noche (antes empezaba a las once) y las seis de la mañana. Las fuerzas de seguridad tendrán poderes para registrar "cualquier vivienda o vehículo" que consideran sospechoso y podrán "detener, registrar e interrogar" a ciudadanos cuando lo consideren necesario. El general también anunció que se perseguirá a las personas que lleven armas sin autorización.

Este plan es el enésimo dispositivo de seguridad que lanza el Gobierno iraquí desde que, hace un año, se disparara la violencia sectaria tras el ataque de la insurgencia suní que destruyó el mausoleo chií de Samarra. Una de las medidas más difíciles de aplicar es que todas las personas que ocupan viviendas ilegalmente en Bagdad deberán ser desalojadas. En los últimos meses, la limpieza étnica se ha generalizado en Irak y miles de chiíes están siendo expulsados de zonas suníes y viceversa.

El alto oficial no precisó durante cuánto tiempo se prolongarán las medidas, ni siquiera cuándo entrarán en vigor, aunque medios iraquíes señalaban anoche que es muy posible que comiencen a aplicarse de forma casi inmediata. En las próximas semanas se espera la llegada paulatina de los refuerzos anunciados por el presidente George W. Bush -unos 21.000 soldados, que se concentrarán sobre todo en Bagdad-. El plan de seguridad movilizará a 85.000 soldados.

Las medidas fueron anunciadas durante una jornada de violencia durante la que un suicida mató a 18 personas en Bagdad, cuando se hizo estallar junto a un colegio e hirió a 40 personas.

Mientras, en una insólita muestra de divergencia en la Administración Bush, el general Peter Pace, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, mostró sus dudas sobre la vinculación de Irán en el abastecimiento de material militar para la insurgencia en Irak. Un día antes, los portavoces de la Casa Blanca y el Departamento de Estado habían acusado a Teherán de facilitar a la insurgencia material para la fabricación de bombas.

Pace, de viaje en Indonesia, reconoció que el material usado en algunas de esas bombas puede proceder de Irán, "pero eso no significa que el Gobierno iraní esté directamente implicado". Horas después, en Australia, insistió: "Por lo que yo sé, yo no diría que el Gobierno iraní sabe claramente lo que está pasando o es cómplice".

Esa afirmación se sumaba ayer a las críticas demócratas que ponían en duda la solidez de las acusaciones de EE UU contra Irán presentadas el pasado fin de semana en Bagdad. Portavoces del mando militar estadounidense en Irak mostraron munición sofisticada capaz de atravesar la cubierta de los tanques y determinaron que su procedencia era iraní. Acusaron al Gobierno de ese país de aprobar y facilitar el desvío de ese material a los grupos chiíes más violentos de Irak. Según esos mandos, el armamento ha servido para matar al menos a 170 soldados estadounidenses desde 2004.

Formulada la imputación, políticos y expertos en desarme mostraron su sorpresa al comprobar que EE UU plantea acusaciones basadas en pruebas frágiles. David Kay, el experto en desarme que encabezó las inspecciones en Irak, aseguró que el Gobierno debería haber aprendido la lección del fiasco que supuso la comparecencia del entonces secretario de Estado Colin Powell en la ONU. Según Kay, las acusaciones han de ser sólidas y públicas "si quieres evitar la impresión de que estás falseando la verdad", dijo en The New York Times.