Los vuelos ilegales y la credibilidad de la UE

El Parlamento Europeo votará hoy el informe FAVA Sobre el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el transporte y detención ilegal de prisioneros. El documento es el resultado de un año de trabajo intenso por parte de la comisión parlamentaria a la que el Pleno de la Cámara encargó la investigación. Durante este tiempo se han celebrado, en Bruselas y Estrasburgo, más de 33 reuniones, se ha escuchado a más de 200 testigos, examinando 19 casos de "entregas extraordinarias" y los parlamentarios han viajado a Macedonia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Rumania, Polonia y Portugal. El autor del informe, el socialista italiano Claudio Fava, ha elaborado, además, distintos documentos de trabajo en los que se analizan pormenorizadamente las rutas de los aviones de la CIA -matrículas, fechas y toda la información a la que ha tenido acceso-. Es un trabajo riguroso y honesto que debe servir para esclarecer, esperemos que en un inmediato futuro, si hubo responsabilidad de la UE y de los Estados miembros en el operativo -ilegal- desarrollado por los servicios secretos norteamericanos.

Desde mediados de los años 90, la inteligencia estadounidense venía utilizando un sistema de traslado de prisioneros a distintos países -cuyos estándares de garantías jurídicas y de respeto a los derechos humanos son más que relativos- con el objetivo de interrogarles o mantenerles recluidos, lejos de la vigilancia de las instituciones democráticas norteamericanas. Tras el 11 de septiembre y el shock que produjo -sobre todo en las sociedades occidentales que se vieron directamente amenazadas por el terrorismo de origen islamista-, los Gobiernos europeos activan y profundizan los mecanismos de cooperación con los Estados Unidos para combatir con mayor eficacia el terrorismo internacional. A partir de ese momento, ya sea abusando de la confianza de los Gobiernos europeos o bien de acuerdo con ellos o con los distintos servicios secretos, la CIA comienza a operar en el territorio de la UE utilizando rutas civiles, aeropuertos, y posiblemente sus bases militares, llegando incluso a secuestrar al menos a 20 sospechosos de terrorismo, con ciudadanía o residencia europea. Entre 2001 y 2005, más de 1.000 aviones sobrevuelan nuestro territorio y aterrizan en nuestros aeropuertos. En 2005, el diario norteamericano The Washington Post y la organización Human Rights Watch denuncian públicamente la existencia de los traslados ilegales. En diciembre de ese mismo año, el Parlamento Europeo decide constituir una comisión temporal encargada de investigarlos.

El informe FAVA habrá servido para destapar la existencia de un gran operativo de detenciones ilegales, y presuntos interrogatorios bajo tortura, por parte de los servicios secretos norteamericanos con la connivencia, la omisión o la ignorancia de responsables políticos de algunos Estados miembros de la UE y de sus instituciones. El grado de implicación en dicho operativo de los distintos Gobiernos de la Unión Europea deberán determinarlo los propios responsables políticos en ejercicio cuando se produjeron los hechos o, en su caso, los tribunales o las comisiones parlamentarias nacionales constituidas al efecto. El Consejo Europeo, por su parte, hará bien en articular una respuesta adecuada a la gravedad de lo ocurrido, que quedará determinada tras el voto en el Pleno de la Eurocámara.

No sería, en absoluto, sensato tratar de ignorar o de minusvalorar lo acontecido. La lucha contra el terrorismo internacional deberá seguir siendo una de las prioridades de la Unión Europea y, en esa tarea, la cooperación entre los diferentes socios de la UE y con el Gobierno norteamericano será imprescindible. Tenemos que poder colaborar sabiendo cuáles son las reglas del juego sobre la base de la confianza mutua. Los Gobiernos europeos deben enviar un mensaje nítido tanto a su ciudadanía como a nuestros aliados: ni siquiera en nombre de la seguridad mundial aceptaremos vulnerar las reglas que hemos construido entre todos, con mucho esfuerzo y sobre el dolor de los peores momentos de la historia contemporánea. El respeto a las garantías de los detenidos, el rechazo absoluto de la pena de muerte y de la tortura, la defensa de la dignidad y de los derechos humanos no son negociables. El mundo no será más seguro si actuamos fuera del orden internacional. Habrá, posiblemente, que inventar nuevos instrumentos en la lucha contra un terrorismo global que se revela muy complejo, pero sin legitimidad no lograremos ser eficaces. La estrategia antiterrorista del Gobierno de Bush ya ha fracasado. La Unión Europea no debería asociarse a ella sin crítica. Desde la confianza con nuestro aliado estadounidense, hay que volver a las reglas del Derecho Internacional, reforzándolas, y manifestar nuestra voluntad de cooperar sin trampas. El informe sobre los vuelos ilegales de la CIA debe servir para recuperar la credibilidad de la Unión Europea, dentro y fuera de nuestras fronteras. Ésa será la mejor contribución en la búsqueda del equilibrio multilateral y de la seguridad mundial.

Elena Valenciano es eurodiputada. Portavoz socialista de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la comisión temporal del Parlamento Europeo que investiga los vuelos de la CIA.