El PNV favoreció en la adjudicación de la A-8 a empresas ligadas a cargos peneuvistas

La adjudicación en 2003 de la explotación de la autopista A-8 en Guipúzcoa a la empresa Bidelan SA se efectuó, según denunció ayer Aralar, mediante un supuesto "tráfico de influencias" a favor de empresas vinculadas a cargos internos del PNV. Este partido cambió la puntuación de las firmas licitantes y contó con la "ayuda" del PSE para apoyar la oferta empresarial que recibió la peor valoración de una consultora de ingeniería externa. Aralar destapó que en la trama participaron el actual diputado de Carreteras, Javier Zuriarrain, y otros cargos y simpatizantes peneuvistas.

El presunto trato de favor se remonta a octubre de 2002, cuando la sociedad foral Bidegi sacó a concurso la explotación, mantenimiento y conservación de la autopista A-8 por un periodo de diez años, al que se presentaron tres grupos empresariales. El cobro del peaje en las autopistas de Guipúzcoa genera unos ingresos anuales de 60 millones de euros. Un informe técnico elaborado por la consultora Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) recomendó adjudicar la licitación a Autopista Vasco Aragonesa (Avasa), que obtuvo mejor puntuación que Europistas y la unión temporal (UTE) formada por Dragados, Asfaltos Naturales de Campezo y Serbitzu Elkartea.

En medio de "desavenencias muy serias" entre los miembros de la mesa de contratación, los representantes del PNV Javier Zuriarrain y Antton Marquet (ex diputado de Hacienda) presentaron una propuesta de puntuación diferente, que daba como ganadora a la citada UTE, con una oferta de 175 millones de euros por los diez años de contrato. Finalmente, la mesa aprobó el informe definitivo con los votos del PNV y el PSE y el rechazo de EA, que defendió el informe técnico de Ineco.

La juntera de Aralar, Rebeka Ubera, y el miembro de la ejecutiva guipuzcoana de esta organización Ernesto Merino explicaron que entre las empresas ganadoras figura Serbitzu Elkartea, cuya "cabeza visible" es Xabier Aguiriano, quien el momento de adjudicarse el concurso era representante por Guipúzcoa en la Asamblea Nacional del PNV. Tras hacerse con el contrato, la UTE empresarial constituye la sociedad privada Bidelan, que en abril de 2003 comienza a explotar la autopista.

Ubera llamó la atención sobre le hecho de que Serbitzu Elkartea toma la presidencia del consejo de Bidelan "pese a tener sólo el 14,5%" del capital de esta compañía. En Bidelan figura como secretario Guillermo Ibarrondo, quien "ha actuado como abogado del PNV en algunos juicios", y tiene como vicesecretario a Fernando Lamikiz, ex presidente del Athletic y "conocido simpatizante peneuvista".

"Auténtico escándalo"

En esas fechas, explica Aralar, Bidelan nombró director general a Isaac Loiola, uno de sus apoderados y que en ese momento era "suplente por Guipúzcoa en la Asamblea Nacional del PNV", cargo que ocupa actualmente. Se da la circunstancia de que cuando se adjudicó el concurso de la A-8 tanto Aguiriano como Zuriarrain también eran cargos internos del PNV.

Ubera calificó de "auténtico escándalo" el hecho de que "cargos internos del PNV se repartan la adjudicación de la explotación de las autopistas", aunque reconoció que todo se realizó "de manera totalmente legal". También sacó a colación que su partido reveló recientemente la existencia de varias empresas que tenían su domicilio social en la residencia de ancianos Txara II, propiedad de la Diputación. Ubera aseguró que el presidente de los consejos de administración de estas compañías es Aguiriano.

La representante de Aralar indicó que la presunta trama "no es más que la punta de un iceberg de todo un entramado empresarial de gente vinculada al PNV, que obtiene cuantiosos beneficios de la Administración mediante la adjudicación de concursos públicos".

Ante el "tráfico de influencias de tipo político" encontrado en la contratación de la gestión de la A-8, Aralar pedirá la comparecencia urgente en las Juntas Generales del diputado de Carreteras, por su "participación en toda esta historia". Este partido reclamó al diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, a la sazón presidente de Bidegi, que suspenda "hoy mismo" la adjudicación a Bidelan de la A-8 y la AP-1.

El Departamento foral de Carreteras se limitó a decir que los hechos denunciados por Aralar "vienen de la legislatura anterior". En todo caso, se remiten a la comparecencia en la Cámara provincial, donde darán "las explicaciones oportunas".