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Mauritania niega que haya acuerdo para llevar el barco de los inmigrantes a Nuadibú

La vicepresidenta del Gobierno anunció ayer que el buque estaba "entrando en el puerto"

España y Mauritania no han cerrado aún ningún acuerdo para que el carguero Marine I, que lleva siete días fondeado en el límite de las aguas jurisdiccionales de este último país con unos 400 inmigrantes a bordo, se acerque al puerto de Nuadibú. "Ni se ha movido ni está previsto que se mueva", declaró a EL PAÍS un alto cargo del Gobierno de Nuakchot. Horas antes, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había declarado: "En estos momentos, el barco está entrando en el puerto de Nuadibú".

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Fernández de la Vega precisó incluso que, cuando el barco atracara, se procedería al desembarco de los inmigrantes: "En primer lugar, los más vulnerables; es decir, los niños". Desde el primer momento, en sus conversaciones a través de la radio del buque, los inmigrantes declararon que eran todos varones y mayores de edad.

Fuentes oficiales mauritanas declararon a este periódico, a última hora de la tarde de ayer, que el Marine I no se había movido de su posición, que no estaba previsto que se moviera y que tampoco se había estudiado la posibilidad de trasvasar a sus pasajeros a otro barco para llevarlos a tierra, por el peligro que encerraría la operación, ya que están muy nerviosos.

De hecho, ayer mismo, una embarcación con varios técnicos de Guinea-Conakry que pretendían identificar a sus nacionales, policías españoles, médicos mauritanos y representantes de la ONG Médicos del Mundo que intentaba acercarse al carguero tuvo que dar media vuelta, ante el temor de que los inmigrantes se arrojaran por la borda. Dos de ellos ya se habían tirado al mar el día anterior, cuando una gabarra con ayuda humanitaria en la que viajaban los delegados de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de la Media Luna Roja Mauritana se aproximó al buque.

Según el presidente de esta última organización en Nuadibú, Ahmedú uld Hay, en el buque hay 372 inmigrantes. Tanto ese número como las nacionalidades son las que ellos mismos han proporcionado por radio, pues nadie ha subido a bordo en los siete días que el barco lleva frente a Nuadibú. Teniendo esto en cuenta, 305 procederían de Cachemira, 22 de Birmania, 10 de Sri Lanka, 23 de Costa de Marfil, 10 de Sierra Leona y 2 de Liberia.

Es decir, a bordo del Marine I no habría un solo ciudadano de Guinea-Conakry, país del que, según el Ministerio del Interior, zarpó el barco, y en el que asegura que habría, "al menos, 35 guineanos". Los pasajeros afirman, en cambio, que el carguero salió de Costa de Marfil, adonde los asiáticos habrían llegado en avión.

Esta contradicción complica la solución de la crisis. Fuentes diplomáticas españolas aclararon que, aunque el acuerdo con las autoridades mauritanas estaba "casi cerrado", aún quedaban algunos flecos por atar. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores explicó: "Es prematuro adelantar un plazo o una fecha concreta para alcanzar una solución global para todos los inmigrantes".

Lo acordado hasta ahora afecta a los ciudadanos de Guinea- Conakry que pueda haber a bordo, que serán identificados por la comisión de técnicos llegada desde ese país a Nuadibú, y repatriados.

También a los solicitantes de asilo, a quienes está previsto que entrevisten expertos del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur).

Y, por último, a aquellos que deseen volver a sus respectivos países de forma voluntaria, cuya repatriación será coordinada con las embajadas por la OIM, según declaró por teléfono a EL PAÍS Michael Tschanz, delegado de esta organización en Nuakchot.

Las penalidades que han sufrido pueden empujar a bastantes inmigrantes a acogerse a esta última opción. Uno de ellos, que dijo ser de Costa de Marfil, contó que los traficantes de personas le habían mantenido encerrado en una casa de Abiyán durante cuatro meses, antes de subirlo al Marine I, donde llevaba dos meses y medio. También aseguró que durante ese tiempo impidieron con amenazas que él y los demás inmigrantes subieran a cubierta. Esto ha hecho pensar a la OIM que a bordo del carguero puede haber traficantes.

Tschanz advierte que el futuro de los ocupantes del barco no se resolverá de un día para otro, pues en su mayoría carecen de documentos de identidad: "Habrá que identificarlos a todos y, en el caso de los que pidan asilo político, comprobar si reúnen las condiciones para acceder a la condición de refugiados".

Mientras, la situación en el Marine I se agrava por momentos, siempre según los testimonios que los inmigrantes transmiten por radio a la Cruz Roja Española y la Media Luna Mauritana. Varias personas padecen diarreas y fiebres, y han surgido los primeros enfrentamientos entre los pasajeros.

Para prevenir cualquier eventualidad, ambas ONG tienen un dispositivo preparado en el puerto de Nuadibú. Cruz Roja Española tiene previsto enviar en las próximas horas un hospital de campaña.

Inmigrantes en las cubiertas del <i>Marine I. </i>La fotografía fue tomada el jueves por la tarde por miembros de Cruz Roja Española y la OIM desde un barco que les llevó ayuda humanitaria.
Inmigrantes en las cubiertas del Marine I. La fotografía fue tomada el jueves por la tarde por miembros de Cruz Roja Española y la OIM desde un barco que les llevó ayuda humanitaria.

Las ONG presionan

Varias organizaciones humanitarias españolas exigieron ayer en diferentes comunicados al Gobierno que garantice en todo momento un trato humanitario a los extranjeros que se hallan a bordo del buque Marine I.

Las ONG recuerdan que España debe cumplir los tratados internacionales que ha suscrito. Así, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtieron de que España debe asumir sus obligaciones como Estado social de derecho.

En la misma línea, la Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes Red Acoge lamentó "profundamente" el abandono humanitario en el que están los 400 inmigrantes.

Desde la Federación de Asociaciones SOS Racismo piden al Gobierno Español que aplique a estas personas el contenido de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que ha suscrito y dé una solución inmediata a su situación. Asimismo, reclaman un cambio radical en las políticas de extranjería.

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