El Gobierno de Matas admite que retuvo 11 meses una denuncia sobre Andratx

Joan Flaquer, portavoz del Gobierno balear (PP) que preside Jaume Matas, admitió ayer el retraso de casi un año en la tramitación de una denuncia de un agente de la Consejería de Medio Ambiente sobre el mayor pelotazo urbanístico en Andratx. Pero negó que se bloquease deliberadamente la denuncia, que afecta a un plan de 26 bloques que darían lugar a más de 150 viviendas en una zona protegida dónde sólo se podía construir una y de tipo unifamiliar. La oposición no cree esta versión, mientras representantes sindicales de los agentes forestales de CC OO aseguran que es sólo una de las que les han bloqueado.

El portavoz del Gobierno balear especuló con que quizá se demoró el envío de la denuncia porque las obras tenían permiso municipal, que la investigación considera ilegal, y se "dio prioridad a otras denuncias en las que no había licencia". Flaquer reconoció lo sustancial del caso: "Es cierto que hay una denuncia con un cierto retraso por motivos que nada tienen que ver con la voluntad deliberada del Govern".

El portavoz se mostró sorprendido de que "la noticia sea una demora concreta en la tramitación de una de las denuncias formuladas" y no "lo que se ha hecho por parte de las administraciones competentes en relación con todas las denuncias tramitadas en Andratx". Flaquer aseguró que, en octubre de 2003, el Gobierno que encabeza Jaume Matas remitió una denuncia sobre las obras de Monport, lo que, a su juicio, acredita que no hubo "voluntad por parte del Govern de bloqueo, penalización, obstaculización ni ocultación de irregularidades". Medio Ambiente, en contra de lo anunciado a este diario la víspera, declinó detallar el porqué del retraso de su denuncia. El PP, sin embargo, se quedó ayer solo en la defensa de que tal retraso, casualmente resuelto tras la detención del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), no se debía a una clara maniobra política.

El secretario general del PSOE balear, José Antich, responsabilizó al propio Matas. Aseguró que no dijo la verdad cuando mostró sorpresa al destaparse la trama de corrupción de Andratx, ya que a tenor de la información publicada por este diario poseía "denuncias claras y contundentes" sobre la situación urbanística en dicho municipio. "Se trata de nuevas informaciones que constatan que quienes nos gobiernan no dicen la verdad", manifestó Antich, que emplazó a Matas a que comparezca en el Parlamento autonómico "por respeto a los ciudadanos y para dar una respuesta". "Vista la relación entre el conseller de Interior, José María Rodríguez, el ex director general de Urbanismo, Jaume Massot, y las nuevas informaciones publicadas por EL PAÍS, que relacionan directamente al Govern, lo mínimo que puede hacer Matas es comparecer y dar explicaciones". "Ya no es un caso aislado, hay demasiadas cosas que unen el caso Andratx con el Govern", concluyó Antich.

En parecidos términos se expresó el portavoz de IU, Miguel Roselló, quien amén de anunciar que reclamaría la comparecencia parlamentaria de Matas, atacó así al PP: "La noticia demuestra las denuncias que suscribimos meses atrás de que se bloqueaban las denuncias de los agentes de Medio Ambiente. Ahora se ve que tras estas trabas, hay una clara intencionalidad política. Sabíamos que bastantes de las denuncias presentadas por los agentes no habían sido tramitadas pero éstas son unos hechos muy concretas que después han devenido en el caso Andratx. Esto denota entorpecimiento de la propia labor judicial. Pensamos que esto tiene una gravedad importante que demuestra la implicación del PP en un gran número de casos de corrupción. Ya son 19 los alcaldes baleares del PP implicados en casos de corrupción y dos directores generales. El hecho de que aparezca una consellería implicada en no facilitar la labor judicial es una prueba de que esta telaraña es muy amplia y grave".

Damián Nicolau, secretario general de Unió Mallorquina mostró inquietud por la noticia. "Nos preocupa que un asunto que el agente declaró que era terreno protegido tardase 11 meses en llegar al Consell. De todas maneras, el Consell ya hace más de un año que puso un contencioso a este asunto en el caso de Monport por entender que las licencias eran ilegales". Nicolau afirmó que no creía en la casualidad en este caso ya que, tras 11 meses de retraso, se evacuó la denuncia justo tras la detención del alcalde de Andratx, pero mostró su confianza en que "la justicia esclarecerá qué motivó tan grave dilación".

Joana Mascaró, portavoz del PSM (nacionalista), se mostró escandalizada: "Prueba el nulo interés del PP por un urbanismo ordenado. [El Gobierno balear] congela una denuncia de una ilegalidad por 11 meses cuando sólo le compete remitirla al fiscal o al Consell".