No grato al PP

El nuevo ministro de Justicia, el fiscal del Tribunal Supremo Mariano Fernández Bermejo, deberá ser juzgado por sus actos como titular de ese departamento -y habría que esperar al menos los cien días de cortesía para emitir sentencia-, pero de lo que no cabe duda es de que hará notar su presencia en el mundo de la justicia, uno de los puntos calientes en que el PP ha situado la batalla política contra el Gobierno. Ese partido sabe sin duda que en Fernández Bermejo tiene la horma de su zapato. Si el presidente quería contar con alguien que defendiera con firmeza la política judicial del Gobierno, la elección es adecuada.

La tarea fundamental de un ministro no es, sin embargo, estar pendiente de la oposición, sino atender las necesidades de los ciudadanos en el terreno de la administración de la justicia. Que funcione correctamente deberá ser su preocupación principal. Es una responsabilidad que comparte con el Consejo General del Poder Judicial, por más que una parte de los actuales integrantes de esta institución (que debió renovarse hace tres meses) hayan estado más ocupados en poner trabas a determinadas iniciativas legislativas del Gobierno, en clara resonancia con el PP, que en asumir su parte en esa responsabilidad compartida.

Fernández Bermejo sucede en el cargo a Juan Fernando López Aguilar, designado cabeza de lista del PSOE por Canarias en las próximas elecciones autonómicas. López Aguilar, catedrático de Derecho Constitucional, ha sido un ministro que se ha hecho notar algo menos de lo justo en la judicatura. Impulsó el pacto para la reforma de la justicia, que tanto prometió y que rompió de inmediato el Gobierno de Aznar con una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo primer fruto fue servir en bandeja al ministro Michavila los fiscales con mando incómodos, entre ellos el entonces fiscal jefe de Madrid, Fernández Bermejo.

Al nuevo ministro de Justicia se le ha tildado de sectario por confesarse públicamente "hombre de izquierdas". Obvian sus acusadores que en el mundo de la justicia, incluido el ministerio fiscal, no son pocos los que sin confesarse de derechas ni de izquierdas actúan supeditando claramente los criterios jurídicos a sus personales convicciones ideológicas derechistas. También se ha intentado desprestigiarle porque el Consejo Fiscal no le avaló para ser fiscal del Supremo. Pero lo ha hecho alguien -Mariano Rajoy- que fue ministro de un Gobierno que prefirió el dedo a los votos para designar en 1997 a Eduardo Fungairiño fiscal jefe de la Audiencia Nacional, tras ser rechazado tres veces por el Consejo Fiscal.

El Ministerio de Justicia ha perdido, por exigencias del sistema democrático, las competencias que tenía sobre los jueces. También ha transferido a Interior sus tradicionales competencias sobre prisiones por exigencias de la lucha antiterrorista. Pero sigue siendo un ministerio importante como enlace institucional del Gobierno con la judicatura y el ministerio fiscal. A esta tarea deberá dedicar Mariano Fernández Bermejo la inteligencia y capacidad de trabajo que nadie le discute, evitando entrar al trapo de una oposición que antes de tomar posesión ya ha tratado de hacerle perder los nervios. Que no los pierda y que actúe como un ministro de España es lo que cabe esperar.