La Inspección de Trabajo desbloquea la situación de los 60 inmigrantes estafados

La Inspección de Trabajo ha cerrado en tres semanas lo que la Subdelegación de Vizcaya no ha podido lograr en 14 meses. Varios de los 60 inmigrantes estafados por un grupo de letrados en Bilbao durante el último proceso de regularización han comenzado a recibir una carta del Ministerio de Trabajo que supone el primer paso para que dispongan de forma urgente de documentación. Por la mañana, todos los partidos se mostraron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara contrariados por la tardanza y pidieron al titular de la Subdelegaciónd el Gobierno en Vizcaya que agilizase los trámites. Merche Agúndez, ex ararteko y parlamentaria del PSE, calificó el retraso de "vergonzoso".

La Inspección de Trabajo se puso en contacto con los representantes de los inmigrantes hace tres semanas cuando la situación estaba totalmente bloqueada. Después de más de 14 meses, los 60 inmigrantes seguían sin documentación y sus expedientes se hallaban en Madrid en la Secretaría de Estado para la Seguridad, a la que fueron remitidos desde la Subdelegación del Gobierno, que aducía falta de competencias.

La intervención de la Inspección de Trabajo, a instancias del propio Delegado del Gobierno, Paulino Luesma, ha permitido que los expedientes puedan ser resueltos en territorio vizcaíno con carácter urgente.

Los inmigrantes consideran que si en la Subdelegación de Vizcaya se les hubiese orientado hace un año para denunciar su situación ante la Inspección de Trabajo, una vez que la policía confirmó que habían sido estafados, los 60 expedientes se hubieran resuelto en menos de mes y medio, como está en vías de hacerse ahora.

Sin embargo los documentos fueron enviados a Madrid porque la colaboración se había producido exclusivamente con la Administración policial, y de su resolución se encarga la Secretaría de Estado de Seguridad. La Ley de Extranjería se muestra clara al prever la regularización de aquellos inmigrantes estafados o víctimas de delitos relacionados con su situación legal que colaboren con la administración. Fuentes de la coordinadora de ONG de Euskadi Harresiak Apurtuz se mostraron ayer satisfechas de que después de tanto tiempo la situación esté, al parecer, encauzada, y en vías de solución.

Por la mañana, en el Parlamento vasco, donde comparecieron representantes de la coordinadora y uno de los estafados para exponer su caso, todos los partidos se habían mostrado contrariados por el retraso en la concesión de la documentación legal a los estafados, cuando su situación era tan clara.

"Venimos a trabajar"

Los 60 inmigrantes continúan sin papeles desde que en 2005 fueron engañados por una red de tráfico de personas que les cobró en torno a 1.000 euros a cada uno de ellos en concepto de "tasas" previa entrega de un contrato de trabajo que finalmente resultó falso.

Todos ellos denunciaron el caso a la justicia y una investigación policial determinó que habían sido engañados por dos abogadas y varias personas más que conformaban cuatro redes: dos encabezadas por sendas letradas, una tercera por una asesora y la cuarta por una falsa ONG. Las cuatro redes fueron denunciadas. "Hemos venido para trabajar y contribuir al desarrollo de este pueblo, no a recibir subvenciones para sobrevivir", dijo ayer en la Cámara en un castellano tosco, pero perfectamente claro, el senegalés Oussmane Diouff, uno de los afectados.

El PSE y el PNV se ofrecieron a trabajar desde el Parlamento para tratar de agilizar el proceso. Aralar anunció que impulsará una proposición no de ley para exigir que se aplique la ley de Extranjería; Eusko Alkartasuna y EHAK dijeron que se sumarán a la misma, y el Partido Popular consideró "sorprendente" la falta de un criterio unívoco por parte de la Administración.

La portavoz de la asociación Harreziak Apurtu, Celina Pereda, explicó que para todos ellos la dignidad se la otorgan los papeles que acreditan su condición de ciudadanos. "Venimos a la Comisión de Derechos Humanos porque confiamos en nuestras instituciones a pesar de todo", resaltó.

Merche Agundez, ex titular del Arartelo y parlamentaria del PSE, se ofreció a los representantes de los inmigrantes para hacer las gestiones que considerasen oportunas para remediar en lo posible una situación que calificó de "vergonzosa". Agúndez se mostró satisfecha cuando a media tarde fue informada de que la situación se desbloqueaba.