El debate para recusar a Tremps en el Constitucional incluyó ofensas personales

La aceptación por parte del Tribunal Constitucional de la recusación contra el magistrado Pablo Pérez Tremps ha provocado una crisis sin precedentes en el tribunal y desconcierto en el Gobierno, donde algunos ministros critican cómo se ha gestionado el problema. Tanto el PSOE como el PP, que planteó la recusación, se centran ahora en la batalla por controlar el Constitucional, que en breve celebrará el crucial debate sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. La deliberación del lunes con la recusación por seis votos contra cinco fue "muy dura", "a cara de perro", con descalificaciones personales incluidas, según fuentes del tribunal.

"No se pueden utilizar las instituciones ni zarandearlas para descabalgar a un magistrado", añaden. El Gobierno entiende que el PP ha dado un golpe de mano para controlar el Constitucional con los seis magistrados que eligió para ese organismo. Tres han cambiado ahora su voto, cuando hace un año votaron contra la recusación de Tremps. El desconcierto es mayor porque la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, transmitió hace una semana a un alto cargo socialista que no había riesgo de que la recusación triunfara. Varios ministros se quejan ahora de cómo ha gestionado la crisis el Gobierno.

Para restablecer el equilibrio de fuerzas sería necesaria la dimisión de Tremps, que no descarta hacerlo, pero dice que no ha tomado una decisión ni lo hará en varios días.