Decisión arriesgada, antecedente desastroso

El Partido Popular ha conseguido, al segundo intento, recusar al magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps, designado por el Gobierno para dicho cargo en junio de 2004, apartándolo de la resolución del recurso de inconstitucionalidad que este partido interpuso contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Meses antes de su nombramiento, Pérez Tremps, entonces catedrático en ejercicio de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, realizó, a solicitud del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat, un informe sobre la doctrina del Constitucional respecto a las posibles competencias de las comunidades autónomas en materia internacional -se trata de una de sus especialidades académicas-, que sería luego utilizado como material de trabajo por los redactores del proyecto de reforma estatutaria.

El asunto es trascendente porque la ausencia del magistrado recusado rompería el virtual empate a seis (que zanjaría el voto de calidad de la presidenta) que se daría en el Tribunal si, como lamentablemente viene siendo norma, todos votasen de acuerdo con el alineamiento ideológico previo. Esa frontera ya se ha manifestado en relación con la recusación y anticipa lo que puede ocurrir en las votaciones futuras. La férrea delimitación afecta tanto a los seis que han admitido la recusación como a los cinco que la han rechazado. Con la diferencia, sin embargo, de que estos últimos han sido coherentes con su postura de rechazo a la primera recusación de Pérez Tremps, planteada por el PP en su intento de que el Tribunal Constitucional impidiera de entrada el debate parlamentario del proyecto de Estatuto acordado por la Mesa del Congreso.

Quienes deben explicar su cambio de criterio son los tres magistrados que hace un año se posicionaron contra la recusación y hoy integran la mayoría que está a su favor. ¿Qué ha sucedido en este tiempo para que lo que una mayoría de ocho magistrados frente a tres consideró "un trabajo académico", que "no puede justificar una sospecha fundada de parcialidad", se convierta ahora en mayoría que sostiene lo contrario?

A falta de conocer los argumentos del fallo, parece ser que la nueva decisión mayoritaria se justifica por la aparición de hechos nuevos: que el informe fue elaborado mediante contrato y retribuido con 6.000 euros. Sin embargo, es dudoso que ello cambie la naturaleza académica del encargo, transformándolo en un dictamen jurídico en toda regla, parte de los estudios preliminares sobre el futuro Estatuto o elemento relacionado con algún anteproyecto más o menos regulado del mismo. No es normal que ese dato puramente administrativo se considere tan relevante como para pasar por encima del principio de cosa juzgada y se someta dos veces a juicio por el mismo hecho al magistrado recusado, transformando y cambiando radicalmente su resolución inicial.

El Partido Popular y sus altavoces mediáticos se han apresurado en ensalzar hipócritamente la valía profesional, tanto académica como judicial, del jurista al que previamente habían descalificado, con el indisimulado propósito de quitarle a continuación de la cabeza cualquier idea de renunciar al cargo, lo que posibilitaría el nombramiento de otro magistrado antes de que el Constitucional resuelva los recursos sobre el Estatuto catalán. Pérez Tremps es un jurista de reconocido prestigio desde mucho antes que lo descubriera el PP. Ésa es la razón por la que fue nombrado magistrado del Constitucional. Era acreedor, por tanto, a un juicio más sereno y templado que el que le han dispensado quienes han votado su recusación, sucumbiendo en el segundo asalto a las pretensiones del PP de conseguir en el Tribunal Constitucional lo que no pudo en el Parlamento.

Es posible que la propia ausencia de Pérez Tremps provoque alineamientos nuevos dentro del Tribunal, en la búsqueda de una posición mayoritaria compartida por ambos sectores. Pero lo que de momento ha quedado claro es que el PP ha puesto todo su empeño en neutralizar a un magistrado del que no se fiaba y que podía inclinar el precario equilibrio del Tribunal en contra de sus pretensiones. Corresponde, sin duda, a Pérez Tremps valorar esta situación y adoptar las decisiones pertinentes, pues nadie está legitimado a presionarle para hacer algo que vaya contra su dignidad y libertad, como provocar una renuncia al cargo que sólo sería ajustada a la ley si fuera una decisión libérrima y personal.

Ello no impide considerar deseable que sea el Tribunal Constitucional al completo, y no amputado de uno de sus miembros, el que se pronuncie sobre una cuestión tan cargada de significación jurídica y política como la constitucionalidad de una reforma del Estatuto que, tras su aprobación en el Parlamento catalán, ya ha sido convalidada por las Cortes y refrendada por los ciudadanos de Cataluña. El riesgo de un choque de legitimidades (si se produjera una resolución extremada) es una posibilidad que sería irresponsable ignorar. Pero de momento ya se ha creado un antecedente que condena al Constitucional a prescindir de las personas más capacitadas por sus conocimientos especializados.