Álava retrasa la aprobación del Impuesto de Sociedades decidido en los otros territorios

Los consejos de gobierno de Vizcaya y Guipúzcoa, ambos en manos del PNV y Eusko Alkartasuna, aprobaron ayer, con la abstención de los diputados de EA, el nuevo Impuesto de Sociedades, que fija el tipo general en el 28% y el de las pequeñas y medianas empreas (pymes) en el 24%. La Diputación alavesa, gobernada por el PP, retrasó su decisión hasta verificar, posiblemente hoy, que el nuevo tipo tiene visos de ser aprobado en las tres Juntas Generales. El diputado general alavés, Ramón Rabanera, no tendría problemas en las de su territorio por la posición peneuvista, pero en Vizcaya y Guipúzcoa el PNV necesita un aliado y los socialistas apuestan por un tipo mayor, el 32,5%.

Rabanera se mostró ayer claro en su postura sobre el nuevo impuesto al asegurar: "Siempre hemos apostado por la coordinación y eso vamos a seguir haciendo". La única condición es que se garantice que va a salir adelante en las tres Juntas Generales. En ese caso, la Diputación alavesa no propondrá un tipo del 30%, lo que le parecía más correcto para disimular algo el diferencial con el vigente en territorio común (el 32,5% este año y el 30% a partir de 2008). El Consejo de Gobierno alavés aprobará previsiblemente hoy en sesión extraordinaria el mismo tipo de las otras dos provincias.

Es en el trámite legislativo donde se empiezan a complicar las cosas. Si finalmente EA es consecuente con la decisión que ha adoptado en los consejos de gobierno y se abstiene en los parlamentos provinciales, los penevistas necesitan para sacarlo adelante el apoyo de los populares o los socialistas en Vizcaya (el PNV tiene 22 junteros; EA, 5; el PSE, 11; el PP, 10, y EB, 3) y en Guipúzcoa (PNV, 16; PSE 12; EA, 11; PP, 8; EB, 3 y Aralar, 1). En Álava, los populares gobiernan en minoría (PP, 16; PNV 14; PSE 12; EA 5; EB, 3, y Mixto, 1), pero lo tiene más sencillo ya que el tipo del 28% contaría con el apoyo peneuvista. Los populares se inclinaban anoche, tras una reunión de su comité ejecutivo en San Sebastián, por dar su apoyo al PNV en Vizcaya y Guipúzcoa para evitar problemas.

Los populares consideran paradójico que, cuando ha sido el PNV quien ha impuesto el nuevo tipo -la propuesta partió de Vizcaya, frente a la tesis alavesa, que pretendía acercarse más al 30%, e incluso la del PP, que proponía una rebaja del 25% y el 20% para las pymes-,tengan que ser ellos quienes deban apoyar a los nacionalistas para que salga adelante definitivamente la reforma. "Sería el no va más que nos pidiesen apoyo para sacar el nuevo impuesto", se quejaba ayer un miembro de la ejecutiva popular.

Coordinación

Todo indica que el criterio de la ejecutiva del PP se amoldará al planteamiento del diputado general alavés de sumarse, aunque a regañadientes, al tipo del 28%.La patronal vasca Confebask y las tres organizaciones empresariales provinciales están presionando con mucha fuerza a las instituciones forales para que adopten una postura coordinada que no penalice a unas empresas frente a otras en la misma comunidad y que facilite la competitividad. La bajada de 4,5 puntos en la tributación -del 32,5% actual al 28%- va a suponer una merma de ingresos a las haciendas forales de 196 millones de euros anuales: unos 40 millones en Álava, 75 millones en Vizcaya y 81,1 en Guipúzcoa, según estiman las propias diputaciones.

El PSE ha propuesto un tipo del 32,5% igual al del territorio común. Aunque de momento no ha decidido el sentido de su voto en las Juntas, no parece probable que opte por el no. Quienes sí lo harán serán EB y Aralar. El secretario general de EA, Unai Ziarreta, dejó ayer la puerta abierta a modificar su postura, pese a mostrarse preocupado por la "decisión precipitada" del PNV. "Ha aprobado el impuesto de manera unilateral en los consejos de gobierno de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa", resaltó.

El futuro impuesto mantiene y refuerza las deducciones por investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) al suprimir el límite de cuota actual del 45%, así como las de adquisición de nuevos activos fijos, e incorpora otras deducciones en materia de medio ambiente. Sin embargo, van a desaparecer las de creación de empleo -sólo se mantienen para los casos en que la persona contratada presente dificultades de inserción en el mercado laboral- y las que primaban las exportaciones.

En Guipúzcoa, donde la transmisión de empresas familiares tiene mucho arraigo, se refuerzan las deducciones por otorgamiento del protocolo familiar.

Con todo, la reforma del impuesto es, según fuentes de las tres diputaciones, "de mínimos". La Hacienda guipuzcoana considera que, pese a su disminución de ingresos, la medida "permitirá mejorar la competitividad" del tejido empresarial, especialmente de las pequeñas compañías, según el diputado general, Joxe Joan González de Txabarri.

Vizcaya y Guipúzcoa defienden que es factible fijar un tipo general cuatro puntos y medio por debajo del vigente en el resto de España sin demasiado riesgo de ser anulado. Álava lo considera casi una provocación frente al Tribunal Superior vasco o las comunidades limítrofes que quieran recurrirlo a los tribunales de nuevo. El Superior ha planteado una cuestión prejudicial (consulta) al Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre el fondo de la cuestión: la posibilidad de que la normativa vasca se diferencie de la del territorio común a la luz de la legislación europea. El PNV cree que, mientras no se resuelva este asunto, el Superior no va a tomar ninguna decisión de anular o congelar el nuevo tipo.

El nuevo impuesto sustituye al que fue aprobado en 1996, que ha tenido una vida muy azarosa, con continuas impugnaciones judiciales por parte de los ejecutivos de comunidades limítrofes, especialmente Castilla y León y La Rioja (ver gráfico). En diciembre de 2004, el Tribunal Supremo anuló una parte sustancial del mismo -entre otros aspectos, el tipo del 32,5%, dos puntos y medio inferior al vigente entonces en el territorio común- por considerarlo ayudas de Estado. Desde entonces las diputaciones se han limitado a poner parches.