Seis deliberaciones al borde del abismo

El pasado jueves, en el salón de plenos del Tribunal Constitucional, la incertidumbre acumulada durante más de una semana a cuenta de la deliberación sobre la recusación de Pablo Pérez Tremps se deshizo con un desenlace que el Gobierno no esperaba. Por seis votos a favor (del bloque conservador) y cinco en contra (del grupo progresista) el Tribunal Constitucional aprobaba por primera vez en su historia la recusación de uno de sus magistrados.

La decisión era crucial para el futuro del Estatuto de Cataluña. Tras la votación, la mayoría del Constitucional pasaba a manos de los conservadores, magistrados elegidos a propuesta del PP, el partido político que más ha luchado para que el Estatuto de Cataluña sea declarado inconstitucional.

Acebes calentó el debate: "Es impensable que Tremps participe en la deliberación"

Hasta llegar a la recusación de Pérez Tremps, los magistrados del Constitucional deliberaron en jornadas maratonianas, algunas de mañana y tarde. Otros días, los debates se alargaron hasta la medianoche.

Los magistrados deliberaban sobre una cuestión que ya analizaron un año antes, aunque la presión entonces era mucho menor. En enero de 2006 se trataba de dilucidar si la admisión a trámite de la reforma del Estatuto en el Congreso era constitucional o no, y el PP recusó a Pérez Tremps con el argumento de que había hecho un estudio para la Generalitat. Tres magistrados conservadores: Guillermo Jiménez Sánchez, Javier Delgado Barrio y Vicente Conde Martín de Hijas, no compartieron los argumentos del PP y se rechazó la recusación.

Ahora era otra historia. Al menos así lo entendieron esos tres magistrados. El Estatuto de Cataluña ya había salido del Congreso, muy rebajado, y había sido respaldado por amplia mayoría en el referéndum convocado en Cataluña. El PP calentaba a su manera la deliberación del Alto Tribunal. Ángel Acebes, secretario general del PP, declaraba el mismo día que comenzaron los debates: "Sería impensable que Pérez Tremps pudiera intervenir".

Pese a la presión del PP, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, que también había sido recusada sin éxito por los populares aduciendo los trabajos de su marido, estaba tranquila porque la cosa ya había sido juzgada antes por el Tribunal, que en enero de 2006 consideró que los trabajos académicos de Pérez Tremps no eran causa de recusación.

Las primeras reuniones para debatir el recurso del PP abordaron una cuestión formal -la falta de firmas de los diputados del PP en la ratificación de su recurso- como posible causa de inadmisión del mismo. Pero la propuesta decayó pues los magistrados entendieron que sería un escándalo no entrar a debatir el fondo del asunto y despachar la recusación del PP con un rechazo por cuestiones de forma en la presentación del recurso.

Cuando los magistrados entraron a analizar los trabajos de Pérez Tremps para la Generalitat, por encargo del Gobierno de Jordi Pujol y pagados por el Gobierno tripartito que presidía Pascual Maragall, se levantaron dos frentes. En uno de ellos se situaron los cinco magistrados del bloque progresista y en el otro, los que apoyaban la recusación, cinco de los seis conservadores.

El empate a cinco se deshizo en la deliberación de la tarde del jueves, la quinta que se producía en poco más de una semana. Guillermo Jiménez, vicepresidente del Constitucional y catedrático de Derecho Mercantil, no acababa de compartir una recusación por trabajos académicos. Eso podría invalidar en el futuro a los miembros del Constitucional que no proceden del mundo de la judicatura sino del mundo académico, como el mismo Guillermo Jiménez. Pese a esas dudas, Jiménez acabó inclinando la balanza a favor del bloque conservador, ante la decepción de María Emilia Casas.

El pasado lunes, se hizo público el acuerdo y se abrió la mayor fractura en la historia del Constitucional.