La Comunidad obliga a una ONG a dejar de gestionar una casa de acogida

"Desde que han entrado a protegernos, al menos la comida ha cambiado radicalmente", explicaba ayer una de las 11 mujeres maltratadas de la casa de acogida en la que denunciaron vejaciones la semana pasada. "El sábado nos hemos comido un cocido madrileño delicioso y una ensalada con una lechuga que crujía como hace años que no sentía", se relamía la mujer. La Comunidad puso fin a la pesadilla que han vivido 11 mujeres y 15 menores en un centro que gestionaba la asociación Nuevo Amanecer, ligada a la Iglesia evangélica, obligándole a abandonar la gestión del refugio.

Siete de las residentes denunciaron el pasado 15 de enero que sufrían constantes vejaciones y la Consejería de Empleo y Mujer abrió una investigación. Pese a que ésta no ha finalizado, la Consejería optó ayer por obligar a la organización a desistir del contrato por el que gestionaba la casa de acogida y trasladar a las inquilinas.

Las siete mujeres denunciaron en un escrito dirigido a la Dirección General de la Mujer, que depende del consejero Juan José Güemes, que las empleadas de la casa donde viven les insultaban, les gritaban y les servían alimentos en mal estado. "Guarras, mantenidas, inadaptadas" son algunos de los calificativos que dijeron haber recibido por parte de quienes tenían la obligación de cuidarlas.

Según denunciaron las mujeres maltratadas, recibían fruta "en proceso de descomposición", "lechugas oxidadas y verduras manidas", además "de alimentos vinagres o de sabor agrio". Esos mismos alimentos estaban destinados a los 15 menores que residen con ellas.

La residente consultada explicó que la directora general de la Mujer, Patricia Flores, informó ayer por la mañana a dos internas de su próximo traslado del centro de acogida por razones de "seguridad", ya que después de que éstas aparecieran en diversos medios de comunicación piensa que corren el riesgo de ser atacadas por sus ex parejas.

Sin noticias

"Cualquiera que conozca Usera sabe que hay 80.000 fachadas igualitas a las del centro", ironizaba la mujer. "La vecindad entera está enterada de que en este barrio hay una casa de acogida". Las residentes, según ella, no habían recibido ayer por la tarde noticias de que todas iban a ser trasladadas, como aseguró una portavoz de la Consejería de Empleo y Mujer.

"Queremos garantías de que el resto no nos vamos a quedar aquí sufriendo vejaciones", agregó la residente. "Las compañeras tienen miedo, porque nos han hecho sentir mucha presión. Eso no es bueno para nuestra situación psicológica. Sobre todo, porque tampoco es que tengamos mucha fortaleza que digamos". También explicó que, desde que se produjeron las denuncias, las trabajadoras no les dirigen la palabra y han llegado a acusarlas de ser ellas quienes han provocado lo sucedido.

La portavoz de la Consejería aseguró que el traslado es inminente, porque Nuevo Amanecer ha optado por renunciar al contrato que había firmado con la Consejería el pasado verano, sin que tenga derecho a ser indemnizada por ello. "Han desistido a petición de la Comunidad", reconoció esta portavoz, que explicó que ahora tratarán de buscar otra empresa que se haga cargo de las instalaciones, aunque todavía no tienen claro el método que utilizarán para elegirla.

Milagros Rodríguez, la directora de la casa de acogida, de 35 plazas, se negó a ofrecer información sobre su marcha y remitió para cualquier comentario a la Consejería.

Ésta tiene previsto trasladar a los inquilinos del centro a otros pisos tutelados y centros de emergencia que gestiona. La portavoz de Empleo y Mujer lo justificó en las condiciones de seguridad de la casa de acogida de Nuevo Amanecer, que ahora puede ser identificada por cualquiera y eso pone en riesgo la vida de los que viven en ella. "También por la situación, para no generar más conflicto", puntualizó. El traslado se producirá en los próximos días, según aclaró. "No podemos llevarlos al mismo lugar a todos, como nos han pedido, porque no hay un centro libre donde haya espacio", agregó. "La culpa la tiene la Comunidad de Madrid, que no ha controlado ni vigilado un recurso que es público ni ha establecido recursos de acogida suficientes", denunció ayer en declaraciones a Europa Press la diputada socialista Maribel Manzano, que exigió la dimisión del consejero Güemes.

"Alguien tenía que haber visto a quién encomendaba la gestión, no ya por sus vínculos religiosos, sino sobre todo por el rigor, la profesionalidad y la sensibilidad que hay que exigir", argumentó.