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Gobierno y agentes sociales firman una ley para dar estabilidad al diálogo social

Touriño apuesta por un gran acuerdo sobre competitividad y desarrollo tecnológico

Xunta, empresarios y sindicatos están decididos a prolongar en el tiempo el diálogo social que ha dado origen al Acuerdo por el Empleo, un documento firmado ayer y que el presidente Emilio Pérez Touriño calificó de histórico. El titular de la Xunta y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) establecieron en la competitividad el próximo gran reto de ese debate permanente. Para los sindicatos, mientras, el desarrollo industrial, los servicios públicos y la política social deben ser los ejes de la colaboración entre la Xunta y los agentes sociales.

La futura Ley de Participación Institucional de las organizaciones empresariales y sindicales es precisamente uno de los nueve pactos que firmaron ayer en Santiago Touriño, el conselleiro de Traballo, Ricardo Varela; el titular de la CEG, Antonio Fontenla, y los secretarios generales de UGT, José Antonio Gómez, y de Comisiones Obreras, Xan María Castro. La ley supondrá "una apuesta explícita a favor del reconocimiento e implicación de los agentes sociales en la vida económica y social del país", según figura en su preámbulo. Los nueve acuerdos son el resultado de unas negociaciones iniciadas la pasada primavera, de las que se descolgó la CIG dos meses antes de que se cerrara el pacto.

En su discurso ante un centenar de empresarios y representantes sindicales, Pérez Touriño apostó por la "participación estable de los agentes sociales gallegos" en los organismos e instituciones de la Xunta con competencias socioeconómicas. El presidente de la Xunta empeñó su compromiso "personal, firme y decidido" de continuar el diálogo social, con el próximo objetivo de alcanzar un acuerdo por la competitividad y el desarrollo tecnológico. Antonio Fontenla coincidió casi literalmente con el presidente, al abogar por "complementar" el pacto firmado ayer con otro gran acuerdo "por la competitividad" de la economía y sectores de Galicia, "que aborde la mejora de la productividad, la competitividad" y "la articulación territorial de nuestra comunidad autónoma", y que permita "afrontar en mejores condiciones los cambios producidos por la ampliación europea y los procesos de liberación del comercio mundial".

Tres leyes

Además de la de Participación, el acuerdo firmado ayer en Santiago impulsará otras dos leyes: la de creación del Instituto y Salud Laboral y la del Consello Galego de Relacións Laborais. El pacto se completa con un plan estratégico para la prevención de riesgos laborales 2006-2010, un nuevo modelo del Servizo Público de Emprego, la definición de objetivos y medidas para el empleo, un impulso a la formación profesional, la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y, por último, el acuerdo de bases para la negociación colectiva de Galicia. El conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, expresó su "gran satisfacción" por un doble motivo: el contenido del acuerdo y el clima que lo permitió, que, en su opinión, debe servir de base "para afianzar el futuro de las relaciones laborales".

Los sindicatos coincidieron con la patronal y la Xunta en la importancia de los acuerdos, que "marcan un antes y un después" en Galicia, en palabras de José Antonio Gómez, de UGT. Para Xan María Castro, de Comisiones Obreras, el pacto "abre paso a unas mejores y más fluidas relaciones laborales", pero recordó que todavía están abiertas cuatro mesas de negociación "con un desarrollo desigual".

Las mesas a las que hace referencia el secretario general de CC OO se constituyeron con las dos presididas por la Consellería de Traballo, cuyos resultados se firmaron ayer. Así, continúan las negociaciones sobre desarrollo económico e industrial; políticas de infraestructura y medio ambiente; cohesión social e igualdad, y polícitas de empleo público y servicios públicos.

Las mesas que cerraron los nueve acuerdos sellados ayer son dos: sobre políticas de empleo, prevención laboral y economía social y sobre el marco gallego de participación institucional y de relaciones laborales. Su constitución es fruto de la declaración institucional por el diálogo social en Galicia, de noviembre de 2005, aunque las negociaciones no se iniciaron hasta abril de 2006.

Touriño coincidió con el líder gallego de UGT al asegurar que los acuerdos "marcarán un antes y después" en las relaciones laborales en Galicia y serán "un referente dentro y fuera de este país en los próximos años". Agregó el presidente de la Xunta que se trata de un pacto "único, como nunca hubo; sólido, por que se asienta en el diálogo, en el intercambio de posiciones y en el camino común, y responsable, porque implica la renuncia generosa de parte, en favor de la suma constructiva del conjunto".

Objetivo: 50.100 parados menos

Los nueve acuerdos suscritos ayer por los agentes sociales establecen objetivos concretos, como el de disminuir el paro en 50.100 personas, de las que 42.700 deberán ser mujeres. Así figura en el pacto sobre objetivos y medidas para el empleo, en el que se habla de dejar la cifra de parados en 126.500 demandantes.

En los próximos años, la población afiliada a la Seguridad Social se deberá elevar en 155.000 personas, de las que 79.800 serán mujeres, de forma que en 2009 la cifra global crezca hasta 1.125.000 personas. El pacto pretende aumentar la tasa de estabilidad del empleo asalariado, con la reducción a la mitad de la temporalidad en el sector público y de en torno a un tercio en el privado.

El objetivo de los 50.100 parados supone superar el alcanzado entre 1997 y 2004, cuando el desempleo se redujo en 40.000 personas, lo que supuso un descenso de la tasa al 18,5%. Mientras la media del Estado descendía en ese período un 38,2%, Galicia reducía el paro 19,7 puntos menos. De acuerdo con las directrices de la Unión Europea, el objetivo en 2010 consiste en alcanzar una tasa de empleo del 70%. En Galicia, esa tasa está en la actualidad en 58,9%.

Las medidas para el empleo incluyen objetivos demográficos, como incrementar la población de entre 16 y 64 años en un 4,6%. Dado que existen 793.000 gallegos fuera de la comunidad, "se propiciará el retorno de emigrantes gallegos y descendientes". Retornados e inmigrantes deberían incrementar la población en 82.500 personas.

También en el acuerdo sobre el nuevo modelo del Servizo Público de Emprego hay objetivos concretos para reducir una cifra que pesa como una losa sobre la política de empleo: de cada 934.000 altas de demandas, sólo 33.000 fueron tramitadas a través de las ofertas de las oficinas de empleo, lo que supone un 3,5% del total.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, lo reconoció en su discurso: "Un servicio público eficiente requiere una tasa de intermediación superior a la actual".

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