Los gestores de Afinsa admitían en secreto desde 2002 su colosal agujero patrimonial

El análisis de la documentación intervenida en la sede de Afinsa, la filatélica intervenida judicialmente por una supuesta estafa a 150.000 clientes, ha arrojado sustanciales avances sobre los indicios delictivos apuntados por la querella de la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2006. Informes confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS prueban, según la investigación, que desde 2002 los directivos de Afinsa tenían "pleno conocimiento del negocio defraudatorio de captación masiva de ahorro que dirigían y la insostenibilidad de tal negocio".

La lupa de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se ha detenido en determinados documentos requisados que, a su juicio, prueban la deliberada voluntad de delinquir. Sobre tales escritos ha elevado al juez competente, Santiago Pedraz, un exhaustivo informe, que ha aumentado y reforzado las imputaciones de sus directivos.

- "Enorme quebranto patrimonial". En 2002, un informe secreto definía todos los síntomas de lo que Anticorrupción apelaría estafa piramidal: "La situación de partida (rentabilidad y solvencia) es de extrema gravedad, sólo soportada por una necesidad creciente de flujos de tesorería, que, además, agrandan, el problema"

. Por más que el analista de Afinsa se felicitara de que "la verdadera situación de insolvencia de la compañía no puede deducirse de sus libros", su conclusión no podía ser más demoledora: "Enorme quebranto patrimonial. Recursos propios negativos".

- Informe de Cuatrecasas: "Riesgo de confusión en los contratos". Un informe del bufete Cuatrecasas de julio de 2004, casi dos años antes de la intervención judicial, en el que le advierte de que la terminología de sus contratos ofrece "el riesgo de inducir a confusión sobre el tipo de actividad realizada" y "podría dar lugar a crear una cierta apariencia de que realiza una actividad financiera sujeta a supervisión".

- Informe de KPMG Abogados: "Incumplimiento de obligaciones legales". De diciembre de 2004. Amén de reiterar que Afinsa usaba términos propios de una actividad financiera (rendimiento financiero, inversión, cotización, etcétera.), alertaba a su cliente de que no estaban cumpliendo con su obligación legal de informar al comprador de sellos de la legislación aplicable y el sistema de valoración del bien adquirido. La descarnada conclusión de su asesor legal parecía arrancada de la futura querella de Anticorrupción: "Afinsa no cumple plenamente con las obligaciones legales y requerimientos de protección al consumidor". A partir de aquí, el asesor lanzaba un guiño de complicidad al cliente: "La probabilidad de inspecciones de oficio en materia de protección al consumidor y, por ende, de incoación de expedientes sancionadores contra las entidades sometidas a esta disposición (de la ley de instituciones de inversión colectiva), en la actualidad puede calificarse como muy remota".

Los imputados gestores de Afinsa argumentan que sufrieron un vacío legal que, en vano, intentaron remediar. Un documento interno suyo define que hasta su caída sólo pretendieron lograr "la creación de un pseudo marco regulatorio (por imagen)", con un fondo de garantía de apenas 40 millones de euros, escaso frente a un agujero que superaría los 1.000 millones de euros.

- La deficiente custodia de los sellos. Un informe interno confidencial de 2003 desgrana el pésimo cuidado de los sellos depositados en Afinsa: "Detectamos carencias graves en su organización y control. Tenemos un preocupante problema de espacio: se agolpan en pasillos y zonas de paso, fuera de las cámaras especialmente diseñadas, que están al límite de su capacidad. La filatelia no está ubicada en lugares adecuados, ni está identificada correctamente". Los sellos se desparramaban sobre "pasillos, junto a fuentes de agua, estanterías dobladas, cámaras abiertas, etcétera".

El proveedor de Afinsa, Francisco Guijarro Lázaro, también imputado, vendió a la filatélica, entre 1998 y 2002, sellos por un importe de 57 millones de euros que Afinsa revendió por 723 millones. Apenas un margen del 1.150% de beneficio. El precio de los sellos fue inflado al infinito, pero, ¿al menos eran auténticos? Ni siquiera Afinsa lo creía.

Un informe de Cuatrecasas le alertaba en 2005 frente a las pesquisas de Hacienda sobre los ejercicios 1999 a 2003 que no cabía "defensa fácil sobre el hecho de haber adquirido grandes cantidades de sellos cuyo valor en el mercado es especialmente elevado, debido a su escasez, por ejemplo, se adquirieron 5.541 ejemplares del sello 104 Chipre, cuando según el experto filatélico, a lo largo de su vida profesional él ha podido tasar entre ocho y diez ejemplares".

Otro informe interno requisado apunta que "la imagen de que los bienes tangibles basan su revalorización en la escasez de los mismos se contradice con la satisfacción ilimitada de demanda de contratos".