La Confederación del Tajo no garantiza el agua a 22 nuevos desarrollos urbanísticos

La Comunidad replica que es el Canal de Isabel II el que debe asegurar el suministro

La Confederación Hidrográfica del Tajo no garantiza el agua a 22 nuevos desarrollos urbanísticos de la región. Este organismo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, considera que los proyectos no justifican suficientemente la procedencia de sus recursos hídricos, y por eso a lo largo del último año ha elaborado sucesivos informes en contra. El Gobierno regional replica que la posición del ministerio no condicionará la tramitación de los planes urbanísticos, porque "quien tiene que garantizar el agua es el distribuidor, en este caso el Canal de Isabel II".

La Ley de Aguas establece que, cuando los planes de las comunidades o ayuntamientos comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica "se pronunciará expresamente sobre la existencia o no de recursos suficientes para establecer las demandas". El ministerio sostiene que ese informe debe ser determinante a la hora de aprobar o tumbar un proyecto de urbanización, mientras que la Comunidad de Madrid interpreta que el dictamen es preceptivo, pero no vinculante.

En poco más de un año la Confederación del Tajo ha informado negativamente sobre 22 desarrollos urbanísticos de la región, al considerar los técnicos que el suministro de agua no está garantizado. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Camino de la Dehesa, en Madrid, o de los planes parciales presentados por Torrejón de la Calzada y San Martín de Valdeiglesias.

La Confederación tampoco garantiza el agua a 5.431 nuevas viviendas en Fuente de El Saz de Jarama; a 14.170 en Ciempozuelos; a 17.138 de Colmenar de Oreja; a 420 de Villamantilla, a 15.007 de Móstoles; a 3.766 de Alcorcón; a 66 de Villa del Prado y a 8.100 del Molar. E igualmente critica otros desarrollos (sin cuantificar) en Villanueva de Perales, Alcalá, Aranjuez, Pinto, Los Molinos, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Cubas de la Sagra, Paracuellos del Jarama, Perales de Tajuña y Moralzarzal.

"Carácter consultivo"

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad no ve obstáculo en las pegas del ministerio a la hora de seguir adelante con los 22 planeamientos, aún en tramitación. "La posición de la Confederación queda supeditada al informe del Canal de Isabel II. Si éste también es negativo, en ningún caso se aprueba el desarrollo", sostiene un portavoz. Y añade: "El informe de la Confederación tiene carácter consultivo, aunque siempre es tenido en cuenta".

El Gobierno regional insiste en que, "con carácter general, la garantía de suministro de agua, gas o electricidad la acreditan los distribuidores"; en este caso, el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Pero ahora la Confederación ha pasado a la acción para evitar el desarrollo urbanístico feroz y así, desde finales de 2005 incluye en su informe una cláusula que dice: "Deberán justificar la existencia de agua suficiente para satisfacer las nuevas demandas; en tanto esta justificación no se produzca, el presente informe deberá considerarse desfavorable".

"Es necesario un gran pacto por el agua", advierte Andrés Rojo, secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid. "Hay que elaborar un plan estratégico para estudiar el crecimiento de la región y conocer las necesidades básicas. Es mejor este pacto que tener que hacer lo que en Valencia: que la Confederación vaya a los tribunales para parar los desarrollos urbanísticos desaforados", dice.

Según un informe de 2006 de la Cámara de Cuentas, el desarrollo urbanístico previsto en la región provocará a medio y largo plazo que no haya agua suficiente. La demanda estimada para 8,5 millones de personas -población prevista para 2020- sería de 1.079 hectómetros cúbicos al año. Hoy es de unos 600 hectómetros.

Cristina Narbona y Esperanza Aguirre, en un acto oficial.
Cristina Narbona y Esperanza Aguirre, en un acto oficial.EFE

Precedente jurídico en Valencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dictó el pasado 17 de enero una sentencia que marca un precedente: no es posible aprobar ninguna urbanización sin que esté acreditado previamente que tiene el suministro de agua garantizado.

Un auto de la sala de lo Contencioso de este tribunal determinó que había que suspender un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador, aprobado por la Consejería de Territorio del Gobierno valenciano y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del ministerio. El motivo es que no está acreditado por los promotores el suministro de agua.

La Comunidad Valenciana desoyó la recomendación de la Confederación y aprobó, en junio de 2006, este planeamiento urbanístico. El juez le ha quitado la razón.

En esta misma situación están, en la Comunidad Valenciana, el polémico Manhattan de Cullera -que prevé la construcción de 35 rascacielos en la desembocadura del Júcar- y el plan de Porxinos en Ribaroja -en el que se prevén 2.700 viviendas junto a la ciudad deportiva del Valencia CF y que ha supuesto la imputación del alcalde y dos concejales del PP por supuestos delitos urbanísticos-. El Gobierno central, en todos estos casos, ha recurrido los proyectos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 04 de febrero de 2007.

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