Territorio abre expediente a la Confederación del Segura por vertidos irregulares

La guerra entre la administración autonómica, gobernada por el PP, y la central, en manos del PSOE, sigue aumentando día a día y con las competencias hídricas como telón de fondo. Ayer sábado la Consejería de Territorio y Vivienda anunció mediante una nota oficial de la Generalitat que ha incoado un expediente sancionador contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por incumplimiento de la Ley de Costas a raíz de la detección de vertidos sin autorización en Cala Ferris, en el término municipal de Torrevieja. La multa propuesta asciende a 30.000 euros.

La secretaria autonómica, Cristina Serrano, advirtió en esta nota oficial de que "desde la consejería no vamos a permitir ninguna actuación, sea responsabilidad de quien sea, que atente contra el medio ambiente ambiente y la salud pública, de ahí que hayamos iniciado este expediente sancionador". El expediente se ha iniciado, según manifestó Serrano, por la realización de vertidos sin autorización en la Cala Ferris, en el término municipal de Torrevieja, aunque no especificaba más detalles sobre el origen o los responsables de estos supuestos vertidos.

Según recoge el artículo 57 de la Ley de Costas, "todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación estatal y autonómica aplicable, sin perjuicio de la concesión de ocupación de dominio público, en su caso". La Confederación Hidrográfica del Segura no cuenta con la preceptiva autorización para la realización de vertidos tierra-mar a través del colector de drenaje de Riesgo de Levante, margen derecha del río Segura, en el término municipal de Torrevieja, según explicaron desde este departamento de la Generalitat. Las mismas fuentes indicaron que los técnicos de la consejería han podido constatar, en colaboración con el Seprona, que se han producido vertidos en dominio público marítimo-terrestre por este motivo "se ha iniciado este expediente sancionador".

Infracción grave

Esta actuación puede constituir una infracción calificada como grave, ya que según la normativa vigente "se considerarán infracciones graves las acciones u omisiones que impliquen riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas, siempre que no constituyan delito, y en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales". En Torrevieja, también, recientemente la Generalitat y el Gobierno central se han visto enzarzados en una agria polémica a raiz de la construcción de una planta desaladora de agua marina que está construyento en el Ministerio de Medio Ambiente para garantizar el abastecimiento. El Consell, que preside Francisco Camps, ha anunciado denuncias y recursos ante las instancias europeas para lograr la paralización de esta obra, ya que según el PP, esta desaladora tendrá un impacto negativo en la zona.