Autopista hacia Bruselas

Con evidente retraso, la Comisión Europea (CE) ha acudido al rescate de la fusión entre las compañías concesionarias de Autopistas Abertis (española) y Autostrade (italiana). El retraso es perceptible en el hecho de que ambas empresas decidieran en diciembre aplazar la fusión, aprobada sin condiciones por la CE el pasado 22 de septiembre, a la vista de los obstáculos interpuestos por el Gobierno italiano. En este tirón de orejas al Gabinete italiano, la Comisión ha desplegado varios argumentos poderosos. La concentración de Abertis y Autostrade tiene "dimensión comunitaria" y está fuera del alcance del Gobierno italiano en todo lo que no se trate de interés público; además, Roma no ha definido con suficiente claridad cuáles son esos criterios y su alcance.

Hay que reconocer que la CE ejerce una tarea difícil en defensa de las normas económicas comunitarias y, en particular, en lo que se refiere a la libertad de movimiento de capitales. Es probable que, después del dictamen de ayer, Abertis y Autostrade vean con más optimismo la hipótesis de recuperar el proyecto de fusión. Pero hay que advertir que si el Gobierno italiano sigue oponiéndose a la operación, dispone de muchos recursos prácticos para obstaculizarlo. Roma ya ha demostrado su habilidad para frustrar las operaciones económicas transnacionales que no aprueban; véase si no el caso del BBVA y la Banca Nazionale del Lavoro.

No faltarán quienes proclamen la similitud entre este caso y la posición española en el caso de E.ON y Endesa. Además de la escasa habilidad del Gobierno español para torpedear la presencia de la eléctrica alemana, hay diferencias considerables. El Gobierno español ha declarado sus condiciones con absoluta transparencia y publicidad; y, desde luego, las condiciones finales no impiden la OPA.