La plantilla de Elnosa se moviliza contra el gobierno de Pontevedra

Los trabajadores de Electroquímica del Noroeste, S A, (Elnosa), dedicada a la producción de cloro, han trazado un calendario de "movilizaciones sorpresa" ante la posibilidad del cierre de la firma como consecuencia de lo que ellos consideran un boicoteo del bipartito BNG-PSOE que gestiona el ayuntamiento pontevedrés.

El presidente del comité de empresa, Jaime Iglesias (Comisiones Obreas), afirma que el gobierno local emitió en julio de 2006 un informe desfavorable para la compañía, alegando que una serie de edificaciones y ampliaciones de la fábrica son de carácter ilegal. En base a este documento, que es de carácter vinculante, la Consellería de Medio Ambiente "mira para otro lado" y remite un escrito en el que deniega la autorización necesaria para que la actividad industrial se acoja a la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que requiere a las empresas anteriores a su entrada en vigor (3 de julio de 2002) disponer de una autorización con el fin de controlar la contaminación.

El hecho es que si en octubre de este año Elnosa no dispone del expediente correspondiente, que necesita de un informe municipal favorable, deberá dar por finalizada su actividad industrial. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la empresa, sostiene que "el Ayuntamiento ha actuado a mala idea" y asegura que se está utilizando a los trabajadores como un arma electoral. "Después de que el BNG dijera durante tantos años que Elnosa contamina y es una bomba en potencia, ahora van y hacen un informe de tipo urbanístico para que se vaya de aquí". Y añade que "lo hacen así porque la fábrica se acoge a la normativa vigente en materia de contaminación y ellos lo saben".

Sin respuesta

El malestar de los 80 trabajadores de la plantilla se debe también a que ni el alcalde nacionalista. Miguel Anxo Fernández Lores, ni la portavoz socialista, Teresa Casal, ni los titulares de las consellerías de Industria y Medio Ambiente les han atendido tras solicitarles el pasado mes de octubre una entrevista para tratar de resolver este conflicto. "Todavía no sabemos nada, lo mismo que de todas las promesas electorales que escuchamos hace dos años, antes del cambio de gobierno", dice.

La empresa, propiedad del grupo luso José de Mello, que la compró a ENCE en 2002, presentó inicialmente un recurso administrativo en el que argumenta que disponen de licencia municipal y que su ubicación es compatible con el planeamiento. El pasado mes de septiembre, tras recibir el escrito del Ayuntamiento, interpuso una demanda.

Iglesias matiza que este proceso de garantía ambiental tiene su origen en un acuerdo de carácter voluntario que las empresas electroquímicas españolas firmaron con el Ministerio de Medio Ambiente y los departamentos autonómicos en marzo de 2006.