El Poder Judicial reclama al Gobierno vasco que "deje de hostigar" a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace casi tres meses, aprobó ayer un pronunciamiento en su Comisión Permanente contra la manifestación que impulsó el lunes el Gobierno vasco para protestar contra el encausamiento del lehendakari Juan José Ibarretxe. El Gobierno de los jueces reclamó a las instituciones "el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran justicia en la comunidad autónoma vasca, y con ello al Poder Judicial en su conjunto".

Los tres vocales conservadores que forman parte de la Comisión Permanente (Francisco José Hernando, Enrique López y Carlos Ríos) sorprendieron a los dos progresistas (Luis Aguiar y Juan Carlos Campo) con la propuesta de una declaración institucional contra la manifestación del lunes en Bilbao. Los progresistas aceptaron que había que rechazar el hostigamiento a los jueces mediante una manifestación convocada desde el Gobierno vasco, que sacó a la calle a 25.000 ciudadanos, pero intentaron limar las expresiones radicales que contenía el texto propuesto por los conservadores. Al final, tras varios borradores, llegaron a un consenso en el que solicitaban a las instituciones que cesara el hostigamiento a los jueces.

La declaración del Gobierno de los jueces censuraba la manifestación de Bilbao al entender que "tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales, como así quedó expresado en su comunicado final".

"No cabe olvidar la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País Vasco en estas últimas décadas. Una situación de acoso y de peligro físico real que incluso, en ocasiones, se ha materializado en atentados contra la vida de jueces", subraya el comunicado.

El texto, aprobado por ambas sensibilidades del Consejo, destaca el respeto "al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos esenciales para la democracia como son el de expresión y manifestación".

El Gobierno vasco replicó que Ibarretxe "no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación y una máxima responsabilidad". De paso, el Ejecutivo de Vitoria incidió en que la justicia está aplicando un "doble rasero" al encausar al lehendakari Ibarretxe por su reunión con Batasuna y no a otros dirigentes del PSOE.

Su portavoz, Miren Azkarate, declaró que la manifestación de Bilbao fue la expresión palpable del "estupor e incredulidad ante un hecho injusto e inadmisible" como es que el máximo responsable del Gobierno vasco sea imputado por "hablar y dialogar con Batasuna".

Azkarate aclaró que el Gobierno de Ibarretxe "ni ha buscado ni busca espacio alguno de impunidad". "El lehendakari puede y debe ser juzgado como todas las personas ante la comisión de un delito, pero lo que no es admisible es que se le procese por hablar con Batasuna, cuando este mismo hecho no se ha considerado delito cuando lo han llevado a cabo otros responsables políticos o incluso cuando el Gobierno central ha hablado con ETA", añadió la portavoz.

El presidente del Gobierno aseguró ayer que la independencia judicial "está garantizada" en la Constitución española y recordó que el Estado de derecho permite también "la libertad de expresión y la libertad de crítica" de los ciudadanos "que nadie puede impedir". El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, consideró estas palabras un "colosal disparate".