Acoso a la prensa marroquí
Con el pretexto de no dañar la imagen de un rey que se dice demócrata, el régimen de Rabat utiliza la justicia y el boicoteo publicitario para callar a los medios díscolos
Cuando, en diciembre de 2000, el régimen marroquí cerró de un plumazo tres semanarios (Le Journal, Assahifa y Demain) alegó que la "línea editorial" de estas publicaciones atentaba contra las "causas sagradas" de la nación. No aludió a nada concreto, tampoco se refería a ninguna calumnia, ni a la publicación de noticias falsas. No. Estaba en contra de una "línea editorial", una manera de ver el mundo que no compartía.
En resumen, y así lo confesó, sancionaba el delito de opinión. La ingenuidad de esa declaración no era una prueba de su honestidad, sino más bien la demostración palpable de su autoritarismo aún en ciernes. Apenas había transcurrido entonces un año desde la entronización del nuevo rey Mohamed VI.
Desde entonces, los métodos represivos contra la prensa se han adaptado al nuevo contexto de la época. El cierre de los semanarios en 2000 había ensombrecido la reputación del rey demócrata Mohamed VI. Era, por tanto, necesario utilizar instrumentos de control menos costosos para la imagen de la monarquía.
Aparecieron entonces dos innovaciones significativas: el acoso judicial y la asfixia económica. La primera permitía esconderse detrás de la proclamada "independencia" de la justicia y la segunda consistía en escurrir el bulto atribuyendo la culpa a esta maraña informe y anónima que es el mercado.
En 2001, un tribunal me condenó a mí y al redactor-jefe de Le Journal, Alí Amar, a tres y a dos meses de cárcel firme, respectivamente, así como a pagar 200.000 euros por daños y perjuicios al ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaissa. Éste había presentado una denuncia por difamación tras la publicación por Le Journal de un artículo sobre su implicación en una dudosa operación inmobiliaria en Washington cuando era embajador de Marruecos en EE UU. Tras un recurso de apelación, las condenas ya no llevaron aparejado el ingreso en prisión y la indemnización se rebajó a 50.000 euros, una cantidad ingente en Marruecos. Benaissa utilizó todos los medios a su alcance para que se ejecutase la sentencia. Llegó a incautar la recaudación de las ventas de la revista y a subastar los activos de la empresa editora, que está en liquidación.
El Comité de Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, otorgó, por este caso, a Le Journal el premio internacional de la libertad de prensa.
El comportamiento del régimen con Alí Lmrabet fue todavía más radical. En 2003, el director de la revista satírica Demain Magazine fue condenado a tres años de prisión firme. Su crimen: publicar una caricatura que "atentaba" contra la monarquía. Lmrabet será encarcelado. Hará dos huelgas de hambre, que casi le resultaron fatales, antes de que el régimen ceda ante la presión de la opinión pública, sobre todo la internacional. El periodista será finalmente indultado.
Más tarde volverá, sin embargo, a ser nuevamente condenado. Una sentencia de inspiración medieval le "prohibirá ejercer el oficio de periodista" por haber escrito que los saharauis de los campamentos de Tinduf eran refugiados, una afirmación juzgada contraria a los intereses de Marruecos y a su integridad territorial.
Paralelamente al acoso judicial, el régimen echó mano del boicoteo publicitario. De esta manera, los ingresos de publicidad de Le Journal disminuyeron un 80% entre 2000 -el año del cierre-, y 2001. Conviene recordar que los medios de presión al alcance de la monarquía son, en ese ámbito, impresionantes. El rey es uno de los hombres de negocios más ricos del país y, seguramente, el más influyente. Las sociedades que controla la familia real figuran entre los mayores anunciantes.
Si contamos todas sus empresas y les añadimos las que son públicas y los grupos privados que trabajan con el Estado, son numerosísimas. Para un periódico, prescindir de estos anunciantes es correr un riesgo mortal. Así se explica, en buena medida, la docilidad de la gran mayoría de grupos mediáticos llamados "independientes". De ahí que los que no siguen la línea oficial estén condenados a la precariedad financiera.
A pesar de este acoso permanente, la prensa independiente sobrevive. Esta resistencia lleva al régimen a recurrir a métodos aún más abyectos. Así, en febrero de 2006, el Ministerio del Interior se aprovechará de la polémica suscitada por las caricaturas del profeta Mahoma para incitar a los marroquíes a manifestarse contra Le Journal, acusado de haberlas reproducido. La implicación del Estado quedó puesta de manifiesto por la utilización de unos vehículos, propiedad de la municipalidad de Casablanca, para transportar a los seudomanifestantes escoltados por funcionarios del Ministerio del Interior. Las televisiones públicas marroquíes difundieron reportajes sesgados sobre esta concentración "espontánea" ante nuestra sede.
Este régimen, que se proclama moderno, orquestó en realidad una auténtica campaña de incitación al odio contra un medio de comunicación marroquí.
El asunto Nichane, el semanario cerrado en diciembre por el primer ministro Driss Jettu, es, desde esta misma perspectiva, harto interesante. Dos periodistas de la revista fueron condenados este mes a tres años de prisión condicional por dedicar unas páginas al humor transgresor de los marroquíes. El régimen recurrió al artículo de la ley de prensa que sanciona las ofensas a los valores sagrados para castigarles duramente. Queda así en evidencia que esta noción de "valores sagrados", recogidos en la ley de prensa, sólo es un instrumento de represión que utiliza el poder para someter a los medios de comunicación.
Unos meses antes fui también condenado, junto con el periodista Fahd Iraqi, a pagar 270.000 euros, un récord en la historia judicial de Marruecos, por otro caso de difamación. Como no puedo abonar ese importe, me he visto obligado a dimitir como director de Le Journal para tratar de evitar así su cierre. Esta lista de ataques contra la prensa libre de Marruecos no es, ni mucho menos, exhaustiva. Aun así, estos últimos episodios demuestran que si hay más libertad de expresión en nuestro país no es gracias al régimen, sino a pesar suyo.
Aboubakr Jamai fue, hasta principios de enero, director del semanario Le Journal.
Traducción de Martí Sampons.
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