Una sentencia admite el derecho de la oposición a impugnar acuerdos de Gallardón

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a dos concejales de IU del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés y Concha Denche, que denunciaron que la Junta de Gobierno del Consistorio, que preside Alberto Ruiz-Gallardón (PP) les negó información sobre un contrato.

Denche resalta la importancia del fallo del TSJM, porque supone reconocer "el derecho de los concejales de la oposición a impugnar los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno". Las dos ediles acudieron en primera instancia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que desestimó su recurso. La denuncia de Sabanés y Denche tiene su origen en la modificación del contrato del Servicio Urgente de Limpieza (SELUR), que se decidió en la Junta de Gobierno del 8 de enero de 2004. IU pidió en ese momento explicaciones al Gobierno de Gallardón sobre las razones del cambio. Y éste les respondió que no estaban legitimados para semejante solicitud.

"Nos dijeron algo así como que no era de nuestra incumbencia. La sensación es la de que te convierten en un objeto ornamental. Lo que le gustaría al alcalde es tener delante un paisaje con figuras de cera o de piedra, que no tengan posibilidad de ejercer sus derechos", afirmó Denche.

La edil subraya que una modificación de ese tipo puede pasar inadvertida, "pero siempre supone un incremento de dinero que pagan los ciudadanos". IU sostiene que la importancia del fallo radica en que "nadie puede recortar los derechos propios de los concejales, porque son cargos electos".

Según Denche, la situación en la que se encuentran en el Ayuntamiento de falta de transparencia se debe al desarrollo que ha llevado a cabo el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de la Ley de Modernización de Grandes Ciudades. "Su interpretación de la ley ha sido restrictiva y ha conseguido fabricarse una democracia a medida. Así lo que se resienten son las instituciones y los derechos de los ciudadanos", puntualiza. Pese a todo, IU prefiere no acudir a los tribunales. "Nos hemos visto obligados, pero es cierto que la política debe encontrar los cauces para evitarlo".