El Gobierno vasco arremete contra los jueces en vísperas de la declaración de Ibarretxe

El Gobierno vasco subió ayer el nivel de confrontación con la judicatura al expresar su "honda preocupación" por el "impacto y la convulsión" que provocan algunas decisiones judiciales en la vida política y social de Euskadi. En una declaración institucional, que continúa las llamadas a la movilización ante la comparecencia del lehendakari Ibarretxe como imputado, el próximo miércoles, por su reunión con Arnaldo Otegi en 2006, el Ejecutivo autónomo carga con dureza contra la Ley de Partidos, a la que culpa de que algunas resoluciones estén provocando el "desbordamiento de los límites" de la justicia.

La declaración, leída por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), y por la portavoz del Gobierno de Vitoria, Miren Azkarate (PNV), llega cuatro días antes de que el lehendakari declare ante el juez instructor, imputado como "cooperador necesario" en un delito de desobediencia cometido por tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna, con los que Juan José Ibarretxe se reunió el 19 de abril de 2006, tras el alto el fuego de ETA.

En medio de este clima de crispación, el PNV, EA, Ezker Batua (los tres socios del Gobierno vasco) y Aralar han convocado una manifestación para mañana en Bilbao bajo el lema En defensa de nuestras instituciones. El objetivo es que Ibarretxe sienta el apoyo de la sociedad. Y el mismo miércoles, coincidiendo con la declaración del lehendakari, el PNV ha llamado a sus militantes a concentrarse frente al Palacio de Justicia de Bilbao.

En su manifiesto, el Gobierno se refiere al encausamiento de Ibarretxe de pasada y lo incluye dentro de una reflexión más amplia sobre las actuaciones de "algunos órganos" judiciales, entre las que se refiere a la situación del preso etarra Iñaki de Juana Chaos y a la ilegalización de Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale.

El Gobierno vasco se queja de la convulsión que están produciendo en la sociedad "una minoría de asuntos muy significativos" como consecuencia de determinadas decisiones judiciales que afectan a pilares básicos de la división de poderes o "limitan de forma drástica espacios legítimos de libertad de cualquier sociedad civilizada y democrática".

"Socavar derechos"

Para el Ejecutivo tripartito, el respeto y acatamiento a las decisiones judiciales, no implica "silencio y cobertura incondicional" de su contenido. Por ello, cree que es su obligación "la sana crítica" en defensa de las libertades, ante decisiones formalmente legales que son susceptibles de "vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales".

La principal critica se dirige a la Ley de Partidos, ya que ve en su aprobación el punto de arranque de una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes. "La Ley de Partidos supuso la consolidación oficial de una nueva forma de entender el juego político", al condenar "a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política" (en alusión a la ilegalización de Batasuna). "La mancha de aceite de dicha legislación de excepción está ampliando su cerco", advierte el Ejecutivo de Ibarretxe. Una vez abierta la espita, "el desbordamiento de límites está servido y se precipita en cascada". Además de las organizaciones de la izquierda abertzale, el Parlamento vasco y el lehendakari han tenido que enfrentarse "a la duda de su connivencia con el terrorismo", añade la declaración.

Sobre la legislación penal antiterrorista ordinaria, asegura que "nadie sabe ya hasta dónde se extienden las prohibiciones penales". Los delitos de amenazas -"como muestra el dramatismo del caso De Juana"-, la apología del terrorismo y los delitos de colaboración y pertenencia a banda armada "se van haciendo más y más extensos". Todo ello, utilizando medidas cautelares que producen el efecto de "cosa juzgada antes de haber sentencia".