Entre el candor y la desvergüenza

¡Qué pereza, qué colosal pereza sentarse al ordenador para escribir de nuevo sobre un tema que llevamos 29 años explicando y arguyendo, sobre un pleito que, 12 meses atrás, considerábamos por fin felizmente cerrado! Pero la actualidad manda y, estos días, los llamados papeles de Salamanca vuelven a ser noticia por partida doble.

El caso es que se acercan las elecciones municipales del mes de mayo y, siguiendo la pauta establecida en Salamanca desde los comicios locales de 1995, el inefable alcalde Julián Lanzarote ha decidido reavivar la polémica a cuenta de los papeles con objeto de convertirla en plataforma para su tercera reelección. Así, pues, el Ayuntamiento helmántico anunció meses atrás que organizaría una exposición titulada El Archivo General de la Guerra Civil y solicitó a la Generalitat catalana el préstamo temporal de 43 documentos de ésta, un pequeño muestrario de los miles que permanecieron casi siete décadas retenidos en la ciudad del Tormes, hasta su devolución a Cataluña en enero de 2006.

Aquí entró en escena la ingenuidad de la Departamento de Cultura, o tal vez ese acomplejamiento tan catalán que induce a muchos a exagerar la oficiosidad y la cortesía hacia nuestros vecinos del oeste, no vaya a ser que nos tachen de hoscos, antipáticos y egoístas. Suponiéndole a la corporación municipal salmantina una lealtad y una buena fe que Lanzarote y los suyos llevan lustros desmintiendo, la Generalitat cedió los documentos.

Sin embargo, cuando la semana pasada el alcalde de Salamanca inauguró la exposición de marras, ésta había cambiado de título -ahora es El archivo de la memoria rota-, se acompañaba de un vindicativo audiovisual rotulado Historia de un expolio y fue glosada por el primer edil de la ciudad como el recordatorio de "una humillación gratuita a los salmantinos", "una ignominia" y "un atraco".

No, no es que un servidor esté en contra de la natural colaboración entre administraciones de territorios y colores políticos distintos, y menos aún del préstamo de bienes patrimoniales para exposiciones. Ahora bien, ¿era exigible esa colaboración con un Ayuntamiento cuyos portavoces vienen describiendo la postura de la Generalitat sobre los papeles como un intento de "romper España", un "atentado sin precedentes en la historia de Europa", "un crimen cultural, una fechoría", "un cúmulo de injusticias", un "chantaje político puro y duro"? ¿Cabía esperar juego limpio de quienes han tachado la devolución aprobada por el Parlamento español de "expolio a sangre y fuego", "agravio", "provocación" o "vejación", de quienes han formulado incluso amenazas físicas contra el cumplimiento de la Ley de Restitución de noviembre de 2005, y han usado de todas las argucias jurídicas para tratar de impedirla? Mientras perviven en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Constitucional sendos recursos del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León contra el retorno de la documentación a Cataluña, ¿era razonable prestar una porción del objeto del pleito a una de las partes demandantes, que encima la utiliza para deslegitimar la posición del Gobierno catalán? A mí me parece que no.

Pero el patrimonio documental arrebatado a la Cataluña vencida de 1938-39 ha regresado a la actualidad también por otro motivo, y es el toque de alerta que acaba de dar la Comisión de la Dignidad sobre el empantanamiento en el proceso de retorno de los papeles. Recordemos las magnitudes básicas del asunto: tras las ingentes destrucciones de documentos -quemados como combustible para estufas, o reducidos a pasta de papel- que tuvieron lugar en Salamanca durante la primera década de la posguerra civil, el caserón de San Ambrosio conservó 1.879 legajos llenos de papeles incautados en Barcelona, y 65 procedentes de Lleida. Es verdad que esas 1.944 carpetas contenían un cierto número de materiales no referentes a Cataluña, pero no lo es menos que en otros fondos de aquel mal llamado archivo -por ejemplo, los capturados en Madrid- se mezclaba importante documentación catalana. Sumando y restando, cabe calcular el total de ésta en unos 2.000 legajos o cajas; eso sin contar otros elementos, como los carteles originales que Carles Fontserè ha muerto sin ver restituidos, o los libros de Antoni Rovira i Virgili que su hija, Teresa, todavía espera recuperar.

Pues bien, de esas aproximadamente 2.000 cajas sólo 500 salieron de Salamanca el 19 de enero de 2006: las que contenían documentación generada o recibida por la Generalitat y los organismos a ella vinculados. El 75% restante -esto es, los papeles de partidos, sindicatos, entidades y ciudadanos particulares- permanecen en la ciudad castellana y, desde el pasado septiembre están ya identificados e inventariados, pendientes sólo de digitalización antes de devolverlos a sus propietarios. Pero sucede que la política española huele cada vez más a urnas, y eso proyecta sobre este asunto dos graves amenazas: una, que -como ocurrió en 1995- un PSOE en dificultades posponga sine die la devolución para no empeorar su imagen ante la España más nacional; la otra, que en 2008 -o antes- gane el Partido Popular, y entonces su Gobierno bloquee, como hizo Aznar entre 1996 y 2004, la salida de Salamanca de una cuartilla siquiera. De ahí la necesidad imperiosa de que, como anunció, el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras urja a la ministra del ramo a agilizar los últimos trámites para el cierre definitivo de un litigio que resulta inverosímil tras 30 años de democracia.

Entretanto, y en una nueva ofensa al más elemental decoro histórico, el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a colocar en su balcón una pancarta con la frase unamuniana "Venceréis, pero no convenceréis". Sería mucho más representativo de la actitud del consistorio sustituirla por otra frase memorable de aquella jornada de octubre de 1936, la que replicó el general Millán Astray al filósofo vasco: "¡Muera la inteligencia!".

Joan B. Culla i Clarà es historiador.