El Constitucional debate una recusación del PP con datos erróneos del Estatuto catalán

El PP recusó al magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps para que se abstuviera en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña basándose en un supuesto dictamen elaborado por Tremps para el Gobierno tripartito que presidía Pasqual Maragall. Los documentos oficiales demuestran que ese dictamen fue en realidad un "trabajo académico" encargado por el Ejecutivo de Jordi Pujol días antes de perder las autonómicas de 2003. La parcialidad de la que el PP acusa a Pérez Tremps ya fue rechazada en 2006 por el Tribunal Constitucional.

El Constitucional estudiará hoy si acepta la recusación planteada por el PP contra Pérez Tremps. Sus dirigentes cuestionan la imparcialidad del magistrado para juzgar si el Estatuto de Cataluña es constitucional o no, porque aseguran que en mayo de 2004, un mes antes de acceder como magistrado al alto tribunal, Pérez Tremps elaboró para la Generalitat un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña.

En ese estudio, según la recusación del PP, Pérez Tremps debía analizar la constitucionalidad de una serie de propuestas para incrementar el autogobierno de Cataluña, y sus análisis fueron incorporados posteriormente al texto de la reforma del Estatuto que impulsó el Gobierno tripartito.

El PP oculta en su recusación que el trabajo por el que se cuestiona la imparcialidad del magistrado no fue encargado por el Gobierno tripartito que presidía Pasqual Maragall, que impulsó la reforma estatutaria, sino por el Ejecutivo de Jordi Pujol.

Los populares conocían estos datos, porque el 20 de diciembre de 2005, el primer consejero del Gobierno catalán, Josep Bargalló, contestó por escrito al diputado del PP Daniel Sirera sobre todo lo relacionado con el trabajo elaborado por Pérez Tremps.

La documentación oficial sobre el contrato entre Pérez Tremps y la Generalitat de Cataluña aparece en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya correspondiente al 31 de diciembre de 2005, y precisa que el trabajo fue encargado en noviembre de 2003 para una publicación y entregado en mayo de 2004. En la misma documentación se señalan otros muchos trabajos encargados por el Gobierno tripartito para la elaboración de la propuesta de reforma estatutaria, aunque en ese listado no figura Pérez Tremps.

El magistrado del Constitucional ha señalado en sus alegaciones que el trabajo no fue encargado por el tripartito de Maragall, sino por el Ejecutivo que mandaba antes de que PSC, ERC e ICV sumaran sus votos tras las elecciones de 2003 para formar el Gobierno.

Pérez Tremps recuerda en su escrito que la publicación para la que se le encargó un trabajo se realizó antes de que existiera la propuesta de reforma estatutaria, por lo que difícilmente podría pronunciarse en sus reflexiones sobre "borrador, anteproyecto o proyecto". "La remuneración del encargo", según el magistrado, "se realiza como es habitual en esos trabajos de naturaleza estrictamente académica, y que es diferente jurídicamente de la que da cobertura a las tareas de consultoría".

Para apuntalar sus argumentos, el magistrado aporta un certificado del director del Estudio Jurídico de la Universidad Carlos III, en el que se acredita que no ha realizado ningún dictamen para el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña.

"Sobre el uso que el Instituto de Estudios Autonómicos hiciera de mi estudio, o de cualquier otro, una vez entregado, es algo que escapa de mi voluntad. Por lo demás, también resulta bastante habitual que las propuestas legislativas se acompañen de trabajos académicos que las ilustren, aunque no sea ésa la finalidad con la que se elaboren por los autores, igual que pueden ir acompañadas de otros materiales jurídicos, incluidas decisiones del Tribunal Constitucional, o incluso votos particulares", señala Pérez Tremps.

En su escrito, Pérez Tremps cuenta el caso de un magistrado que llegó al Tribunal Constitucional dejando su escaño en el Senado por Coalición Popular y que tuvo que juzgar la constitucionalidad de leyes que él mismo voto como parlamentario sin que nadie pusiera reparo a ello.