El Ayuntamiento de Córdoba paraliza una sanción de 26 millones a Rafael Gómez

El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Rosa Aguilar (IU), ha paralizado la tramitación de un expediente sancionador contra el constructor Rafael Gómez, abierto por levantar cuatro naves de 40.000 metros cuadrados sin licencias. El Consistorio había impuesto el pago de 26 millones de euros a Arenal 2000 y el empresario, imputado en la operación Malaya, ha solicitado la paralización del procedimiento alegando los problemas económicos que le acarrearía el pago de esta elevada cantidad. El Ayuntamiento cordobés ha aceptado parar el cobro de la sanción, pero lo ha supeditado a que Gómez, conocido como Sandokán, recurra la decisión municipal en los juzgados en el plazo de dos meses, según fuentes del Consistorio.

El empresario argumentó problemas de liquidez para pedir que se frenase la multa

En junio de 2005, el Ayuntamiento de Córdoba abrió un expediente sancionador contra Arenal 2000 por la construcción de cuatro naves industriales, de 40.000 metros cuadrados de superficie total, en la carretera de Palma de Río. Las instalaciones se levantaron sin licencias y en un suelo no urbanizable a las afueras de la ciudad.

El Consistorio, gobernado por Izquierda Unida, acordó sancionar al empresario Rafael Gómez con 26 millones de euros. El constructor solicitó una reducción o la anulación de la multa, algo que rechazó el Ayuntamiento en septiembre de 2006. Gómez entonces pidió una paralización del expediente, algo que, según dijo ayer Andrés Ocaña (IU), responsable del área de Urbanismo, sí se le ha concedido.

Según fuentes municipales, el Ayuntamiento ha accedido a paralizar el expediente sancionador si Arenal 2000 acude, en el palzo de dos meses, a la vía de lo contencioso administrativo, que será el órgano encargado de dilucidar si la multa es la adecuada o no.

La paralización de las sanciones administrativas es algo que, según Andrés Ocaña, está contemplada dentro de las ordenanzas municipales y el Ayuntamiento suele ser "sensible" con su aplicación. Según dijo el responsable de Urbanismo, el empresario argumentó "problemas de liquidez" para pedir la paralización del pago de esos 26 millones.

Éste no es, en principio, el mejor momento para que el grupo de empresas de Rafael Gómez haga a esta elevada sanción. El constructor no está atravesando su mejor momento después de que fuese detenido por su presunta relación en el caso Malaya, en el que se investiga una red de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

El empresario ha tenido que desprenderse de parte de sus negocios para lograr liquidez. La operación más reciente fue la venta de su participación (el 50%) en la promotora Arenal Sur 21, que fue creada en 2001 por el empresario y Cajasur. La entidad cordobesa ha adquirido la totalidad de la constructora por unos 125 millones de euros.

Otro de los argumentos que esgrimió Gómez para solicitar la paralización del pago de la sanción, es que "las naves son legalizables", según dijo ayer Andrés Ocaña. El Ayuntamiento cordobés aprobó hace un año, con los votos favorables de IU y PP, el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, mediante el que se podría regularizar la situación de las instalaciones que Gómez levantó sin licencias.

La Administración autonómica recurrió este plan ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Junta pidió, además, la suspensión del plan hasta que se aclarase si era legal o no.

Pero el TSJA descartó aplicar esta medida cautelar en noviembre de 2006, por lo que la tramitación del plan pudo seguir adelante. Gómez, según la información remitida a Urbanismo en junio de 2005, tiene previsto para las naves un proyecto de venta al por mayor.