Algo más que identidad
Tras la reunión en la que los tres líderes políticos gallegos decidieron posponer hasta mejor ocasión la reforma del Estatuto de Autonomía se coincide en señalar a la falta de acuerdo sobre la cuestión identitaria como la principal causa del fracaso. Y el desacuerdo en la definición identitaria sirve, ciertamente, para analizar los porqués del fiasco, tanto los circunstanciales como los de carácter estructural.
En relación con las causas circunstanciales, porque refleja la actitud con la que cada líder acudió al encuentro. Cinco días antes de la reunión, el BNG proponía definir a Galicia como "nación". Los socialistas, recordar que nuestro himno se refiere a Galicia como "nazón de Breogán"; y los populares, inicialmente partidarios de llevar al preámbulo la ya pactada para el articulado definición de "nacionalidade histórica", prefirieron dejar el texto susceptible de inclusión en el preámbulo para la reunión entre los tres líderes. Los límites para el acuerdo aparecían marcados, por un extremo, por la denominación expresa de Galicia como "nación"; y por otro, como "nacionalidad histórica"; un eje en el que la "nazón de Breogán" se situaba en zona intermedia. El optimismo se adueñó de muchos tras anunciar el presidente que presentaría una propuesta "imán", concretada en "una referencia de carácter histórico a la nación" que "no pudiese ser interpretada en términos jurídicos".
El esperado texto imán consistió en sustituir la frase "o noso himno refírese a Galicia como a nazón de Breogán" por la fórmula "fogar e nación común dos galegos", supuestamente (porque no lo está) "recogida en la Ley de Símbolos de Galicia". Naturalmente, si nos atenemos a los extremos del eje mencionado, tan lógico es el apoyo sobrevenido de Quintana como el rechazo de Núñez Feijóo, quien probablemente se sintió igual que aquel confidente de Harry el sucio, cuando rechazó los 20 dólares que le ofrecía a cambio de información, y como respuesta se encontró con que le ofrecía 15, con ruego de aceptación rápida, si no quería que bajase a 10.
En relación con las causas estructurales, la cuestión identitaria ilustra también cuál es el meollo del problema. Porque cuando los tres líderes se sientan a la mesa en Monte Pío, y pese al elogiable esfuerzo de aproximación realizado por los ponentes durante las semanas previas, éstos aún mantienen 36 votos particulares de carácter significativo al texto estatutario, y sólo en poco menos de la mitad el PPdeG se enfrenta a socialistas y nacionalistas. Las diferencias se extienden por todo el articulado, y afectan a cuestiones tales como los derechos (la inclusión de los valores constitucionales en el sistema educativo, o el reconocimiento del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa conforme a sus convicciones); el sistema institucional (mayorías requeridas para reformar la ley electoral o elegir a los miembros de las instituciones; la promulgación de las leyes "en nombre del Rey", etc.); la determinación del carácter exclusivo de varias competencias; la organización del poder local (existencia de las Diputaciones); la bilateralidad en las relaciones institucionales; o en economía (financiación, inversiones del Estado, etc.). Cuestiones que, al igual que la denominación de Galicia, más que meras disquisiciones terminológicas, inciden en la configuración de las reglas del juego político y en el modelo de sociedad.
El pasado mes de mayo, el anterior portavoz nacional del BNG declaraba que si la reforma debía contar con el consenso del PP, "será mejor que no haya Estatuto". Se trataba, afirmó, de que no se produjese un "escamoteo" análogo al que se produjo en la transición, "cuando las fuerzas democráticas de verdad renunciaron a organizar el Estado en una República federal". Se entiende, en fin, por qué ni siquiera el optimista Touriño precisó que la reforma se retomaría tras las elecciones municipales. Las diferencias de fondo aconsejan, efectivamente, aparcar la reforma y tratar de gobernar. Salvo, evidentemente, que se decida, como en Cataluña, reformar el Estatuto con el apoyo de las dos fuerzas mayoritarias, y luego intentar volver a gobernar con quien, una vez más, no se une al consenso estatutario general.
