El Ayuntamiento de Alhaurín recibió 600.000 euros en donaciones
Arenas se ampara en el secreto del sumario para no tomar medidas contra el alcalde del PP
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha recibido en los últimos dos años unos 600.000 euros en donaciones, tanto económicas como en especie, de empresas privadas que han contribuido así a financiar actuaciones municipales. A esta práctica, en principio legal, atribuye el PP la denuncia de un promotor, que ha motivado que una juez impute cohecho y prevaricación al alcalde, Juan Martín Serón, y al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.
El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande fueron denunciados por un empresario local a quien supuestamente pidieron unos 100.000 euros por una licencia, asunto por el que fueron detenidos el pasado jueves imputados de presuntos delitos de cohecho y malversación. Un día despuésm quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
"Nunca he pedido dinero a nadie", insistió ayer a EL PAÍS Martín Serón. El alcalde de Alhaurín reconoció que "hay gente que hace colaboraciones con el Ayuntamiento, pues estamos todo el día pidiendo a empresas que nos hagan cosas para el pueblo, que iluminen o asfalten calles, u otras obras necesarias para mejorar el pueblo", dijo.
En abril de 2006, el PSOE denunció una relación de 16 donaciones, de entre 6.000 y 22.000 euros, de empresas que, a cambio, habrían obtenido un trato beneficioso del Ayuntamiento. Muchas de ellas eran en especie, como la realización de obras en la vía pública o la donación de vehículos para la policía local. La fiscalía archivó la denuncia porque no halló delito.
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la figura de los patrocinios, que permite a los ayuntamientos aceptar la participación de la iniciativa privada para actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejos o cualquier otra de interés social, así como la restauración y mantenimiento de bienes. Ahora bien, estas colaboración pueden generar situaciones de privilegio o preferencia para las empresas en sus relaciones con el Ayuntamiento.
La participación de la iniciativa privada en la financiación de actividades municipales es así una práctica más o menos habitual de los ayuntamientos andaluces, lo que no ha dejado de motivar frecuentes polémicas políticas aun cuando dichas actuaciones no desborden el marco legal.
Recientemente, la cadena de supermercados Mercadona financió el coste, unos 50.000 euros, de un almuerzo ofrecido por el alcalde de Málaga a 1.500 representantes de colectivos sociales. El supermercado había abierto un establecimiento días antes sin tener licencia de ocupación y el Ayuntamiento le ha expedientado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona, gobernado por el PSOE, recibió en 2004 más de dos millones de euros de "aportaciones voluntarias" de promotoras a cuenta de convenios urbanísticos. Esta práctica quedó prohibida hace un año, con una modificación legal autonómica que impide emplear el dinero cobrado por anticipado de convenios hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento urbanístico.
Martín Serón atribuyó su detención a "un montaje de un señor que tiene mucha relación con el PSOE". Por su parte, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, pidió ayer prudencia y justificó que su partido no haya tomado medidas contra Martín Serón alegando que, "hasta que no se levante el secreto del sumario, no sabremos todo lo que ha ocurrido". La secretaria de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el PP actuará "con rigor y eficacia cuando se tenga la suficiente información".
![El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, con miembros de Nuevas Generaciones de Córdoba.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CCELTIVKWT2F57PUBG4Y5GJSIM.jpg?auth=8dc38abfbf963354fefa99e2c7570558af0a409d6d1151fe1cabb5ac16a28955&width=414)
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