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Freno al planeamiento vigués

Cinco planes urbanísticos con más larga elaboración que vigencia

El actual fue promovido por Cuiña en 1993 como recurso de urgencia

Vigo fue una de las primeras ciudades de España en contar con un plan general de urbanismo, en 1934, realizado por el prestigioso arquitecto Antonio Palacios. Les faltó tiempo para anularlo, en 1936, a las autoridades militares que se hicieron cargo del gobierno de la ciudad. Desde entonces, ningún planeamiento general ha cuajado, convertida la ciudad en una de las más difíciles y conflictivas en ese terreno. Como si fuera una maldición.

El Ministerio de la Vivienda urgió en 1960 al Ayuntamiento de Vigo a redactar el que sería primer plan general de urbanismo de la ciudad, si se hace abstracción de la prehistoria que representa el plan Palacios. Entonces empezaba a verse un crecimiento acelerado de la ciudad, gracias a la pujanza industrial que sobre todo capitalizaban Citroën, de un lado, y la construcción naval en el puerto. También la actividad pesquera y sus derivados entraban en una fase boyante, con libertad extractiva en todos los mares. Comenzaba el desarrollismo y los flujos migratorios que este proceso alentó desde las zonas rurales del país a las urbanas: había que preparar las ciudades para la acogida.

Fuera por impericia o afanes crematísticos, la redacción de este plan de urbanismo se fue demorando en el tiempo. Hasta que entrara en vigor, se fueron improvisando soluciones que, por una parte, diezmaron el patrimonio arquitectónico de la ciudad, sustituído por los edificios de nuevo cuño que pedía la modernidad, y por otra, atendiendo a sucesivas demandas de particulares, acumularon incoherencias en los planos y en las actuaciones que resolvieron impracticable la norma general que el plan trataba de ser. Así se lo hizo saber el Ministerio de la Vivienda al Ayuntamiento cuando recibió en 1970 el documento que había encargado diez años antes con urgencia.

Largas secuelas

La desfeita de este "plan desarrollista" ha sido intensamente documentada por autores como Xosé M. Souto González en Vigo, Cen anos de historia urbana (1880-1980) o J. L. Pereiro Alonso, en Desarrollo y deterioro urbano de la ciudad de Vigo. Podría decirse que, si no todos, sí los principales males que aquejan al urbanismo vigués tienen su origen en esa época, de cuyos desafueros la ciudad aún no se ha recuperado, precisamente por la contundencia del desastre infligido entonces.

A la orografía difícil del territorio se le añadieron, por falta de comunicación y coordinación, infraestructuras estranguladoras del desarrollo de la ciudad, como el trazado ferroviario, primero, y el de la autopista después, y actuaciones extraordinariamente agresivas y especuladoras que resultaban de la cesión municipal de las labores y control de las sucesivas urbanizaciones a promotores con otros intereses que el desarrollo urbanístico armónico, funcional y previsor.

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Tres nuevos intentos

Con la implantación de la democracia se creyó llegado el momento de corregir los graves errores cometidos en la etapa franquista. La redacción de un nuevo Plan General empezó bien, en 1980, siendo alcalde de Vigo Manuel Soto, pero fue un parto casi tan largo como el anterior, ya que no fue aprobado hasta 1988 por la Xunta tripartita que presidió Fernando González Laxe.

Apenas dio tiempo a comprobar sus efectos porque en 1990, con la llegada de Manuel Fraga a la Xunta, se puso a revisión y modificación, hasta que la COTOP de Xosé Cuiña lo anuló definitivamente.

Para cubrir el vacío normativo fue aprobado casi por vía de urgencia, en 1993, el plan actualmente en vigor, con Carlos Príncipe de alcalde. Pronto empezó a dar problemas de inseguridad jurídica, tan ostensibles como los edificios que se construyeron a su amparo (Torres Ifer, Piricoto, Apartahoteles de Samil...) y que ahora, con el nuevo plan que los iba a legalizar en el alero, están pendientes de demolición, en ejecución de diversas sentencias judiciales que ya no admiten recurso. Por el camino, el mismo Xosé Cuiña impidió desde la COTOP un nuevo plan que sustituyera al problemático de 1993. Fue el de 1998, promovido durante la alcaldía del popular Manuel Pérez, que no llegó a nacer.

El recorrido de la polémica

El plan de urbanismo que ahora se cuestiona empezó a redactarse en el año 2000, con el alcalde nacionalista Lois Castrillo, y se dio a conocer en 2003, cuando el bastón de mando había pasado a Ventura Pérez Mariño. Socialistas y nacionalistas gobernaban en coalición, pero el pacto del nombramiento del gerente de Urbanismo entre el BNG y el PP, llevó a Pérez Mariño a destituir a los concejales nacionalistas, lo que dio lugar a la drástica ruptura del gobierno vigués y, al cabo, al reemplazo del alcalde socialista por la popular Corina Porro.

El plan fue aprobado por todos los grupos municipales, menos el socialista, que no ha dejado de censurarlo. Contra él hubo 60.000 alegaciones y 21.000 firmas reclamaron en el ayuntamiento un referéndum que no llegó a tramitarse. Hace unos días otras 21.000 firmas pedían al presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, que la Xunta lo parara por "ilegal e insostenible".

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