La comisión Estado-Generalitat de desarrollo estatutario se creará en febrero sin representantes de la oposición

Seis representantes del Gobierno central y otros tantos de la Generalitat serán los encargados, a partir de febrero, de desarrollar en Estatuto en el marco de la comisión bilateral cuya creación y calendario acordaron ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura. Ambos se reunieron en Madrid para que, en un máximo de dos meses, la comisión funcione ya con normalidad. En la primera sesión, prevista para el primero de marzo, está previsto que los miembros de la parte catalana acudan a la reunión con una lista de todos los traspasos que la Generalitat espera del Ejecutivo central en cumplimiento del nuevo Estatuto.

La presidencia de esa comisión bilateral corresponderá durante el primer año al Gobierno y el segundo a la Generalitat, y se la turnarán anualmente a partir de entonces. Las reuniones serán dos al año, como manda el Estatuto. El acuerdo, sin embargo, fue duramente criticado por Convergència i Unió, que aspiraba a participar de alguna forma en la delegación catalana de la comisión. El diputado nacionalista Francesc Homs apeló ayer a la supuesta "tradición de consenso" que en su opinión presidió la negociación estatutaria para que también los nacionalistas puedan participar en la comisión. Homs dijo que si se excluye a la oposición, el compromiso de mano tendida expresado por el presidente José Montilla quederá en entredicho.

Pero Saura ya descartó de antemano esta opción al recordar que la comisión tiene carácter gubernamental y no parlamentario y que el Estatuto así lo establece. "Me ha sorprendido que partidos que votaron sí al Estatuto pidan su incumplimiento", dijo Saura al conocer las exigencias de Convergència i Unió.

Más allá de la composición de esta comisión, el ministro y el consejero también avanzaron en la elaboración de un mecanismo de no agresión entre el Gobierno central y la Generalitat. Se trata de crear un órgano entre las dos administraciones para revisar las iniciativas legislativas antes de que se conviertan en proyectos de ley y evitar conflictos de competencias. Esta instancia todavía no tiene nombre y por el momento no se sabe si se convertirá en una subcomisión de la comisión bilateral o tendrá otro rango. Saura manifestó que, "a la espera" de esta decisión, ambas partes han considerado "importante" que comience el trabajo "de manera informal" para resolver los primeros conflictos.