El Gobierno francés presenta el proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda, que entrará en vigor en 2008

El Gobierno de Dominique de Villepin adoptó ayer el proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda, calificado por el presidente francés, Jacques Chirac, como un "considerable progreso social". La ley, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional antes de la disolución de las Cámaras a finales de febrero, establece el derecho de los ciudadanos a exigir una vivienda al Estado ante los tribunales.

Según el texto adoptado por el Consejo de Ministros, el Estado garantizará el derecho a la vivienda de "toda persona que, residiendo en el territorio francés de forma regular y estable, no está en condiciones de acceder por sus propios medios a una vivienda decente e independiente o mantenerse en ella".

Para el ministro de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, el proyecto de ley sitúa constitucionalmente el derecho a un alojamiento digno al mismo nivel que la educación o la sanidad. Según Borloo, tendrá un efecto añadido: impulsará la construcción de viviendas en Francia. Para evitar lo que definió como "efecto llamada" -en obvia referencia a la inmigración-, el texto establece que sólo podrán acogerse a este derecho los inmigrantes legales y tras un año de residencia en un municipio.

El origen de esta iniciativa legal hay que buscarlo en las pasadas navidades, cuando miembros de la asociación Los Hijos de Don Quijote se instalaron con sus tiendas de campaña junto a los sin techo del centro de París, y posteriormente de otras grandes ciudades francesas. El drama de los SDF (sin domicilio fijo) llevó a Chirac a proponer esta iniciativa legal en su mensaje de fin de año. Sin embargo, el proyecto de ley contempla que el derecho a exigir una vivienda ante los tribunales no sea efectivo hasta el primero de diciembre de 2008, y tan sólo para las cinco categorías más desprotegidas de ciudadanos, empezando por los SDF. Las otras cuatro categorías son las amenazas de desahucio sin posibilidad de recolocarse; las que viven en albergues temporales; las que se alojan en locales insalubres o impropios; y las familias con hijos menores sin vivienda decente o que vivan en condiciones de hacinamiento. A partir del 1 de enero de 2012 este derecho se extenderá a todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para acceder a viviendas sociales.

Más de tres millones de personas podrían reclamar al Estado su derecho a la vivienda. El procedimiento que establece el texto legal presentado ayer obliga a los demandantes de vivienda a dirigirse a una comisión de mediación departamental, que examinará la urgencia de las peticiones y su validez, y las transmitirá al prefecto.