La investigación destapa siete operaciones inmobiliarias del alcalde de Andratx

El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP), detenido e imputado por siete delitos distintos relacionados con la corrupción urbanística, y en libertad bajo fianza tras pasar 17 días en prisión, efectuó al menos siete operaciones urbanísticas con empresarios inmobiliarios en su propio municipio "prevaliéndose de su cargo", según el relato elaborado por el ministerio fiscal.

La documentación oficial prueba que Hidalgo no se abstuvo en los trámites municipales, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Hidalgo, junto a tres funcionarios del Ayuntamiento, buscaba solares e inversores en la localidad y lograba pelotazos.

El promotor Manuel Zapata declaró al juez que en 2004, el alcalde y el celador Jaume Gibert, encargado de la inspección de obras en el municipio, también imputado y detenido, le dijeron que "tenían visto un solar en una muy buena situación", y después le ofrecieron "si quería participar en el negocio". Constituyeron una sociedad entre los tres, el Ayuntamiento dio la licencia con urgencia y luego se vendió el terreno franco y con permiso en Cala Llamp, con un beneficio posible de unos 10 millones, que todavía no se ha consumado porque la promoción está en obras. El alcalde confiesa que por el pase del terreno con licencia al promotor ganó 360.000 euros.

Hidalgo y Gibert alternaron estratégicamente, además, sus alianzas inversoras locales con la arquitecta municipal, María Isabel Seguí y el asesor jurídico, Ignacio Mir, ambos también imputados en la causa. Alcalde, celador y su núcleo dieron curso a sus propias licencias urbanísticas sobre sus promociones, y "no se abstuvieron, sino que les dieron la máxima celeridad y favor", según la Fiscalía Anticorrupción.

Las plusvalías generadas y la riqueza acumulada en los cinco años examinados en la causa se sitúan en más de dos millones de euros que se repartieron supuestamente el alcalde y el funcionario Gibert. Hidalgo fue alcalde y responsable de Urbanismo durante siete años desde 1991. Gibert era quien vigilaba la legalidad de terrenos, licencias y obras desde los años ochenta. La arquitecta Seguí y el abogado Mir efectuaban dictámenes técnicos y legales de expedientes y licencias.

El ex alcalde, que fue expulsado del PP tras su detención, contó en diversas operaciones con la presencia como socio o redactor de los proyectos del arquitecto Miguel Arenas, autor de decenas de proyectos de inmuebles en Andratx. Este profesional le regaló a Hidalgo los planos y el diseño de la casa de su hija, situada junto a su vivienda. Arenas y otros familiares están implicados en el caso Andratx, al aparecer como titulares de presuntas sociedades pantallas de las usadas en la trama por Hidalgo y sus agregados.

En sus declaraciones ante la Guardia Civil, Manuel Zapata y un segundo hombre de negocios inmobiliarios con implantación en Andratx, Miguel Miralles, detallan con naturalidad diferentes actuaciones efectuadas con el alcalde Hidalgo en las urbanizaciones de Cala Llamp y Cala Moragues.

Los investigadores judiciales aportan al sumario datos concretos de cada expediente y analizan la trama de sociedades y los cruces de acciones y ventas.

Hidalgo pagó 3.000 euros de entrada por un solar a Miguel Miralles. El pago y señal se efectuó en 2003, cuando estaba en vigor una moratoria urbanística y el terreno "no tenía ningún valor", pero al final pagó otros 40.000 euros. El ex alcalde, a través de otras dos compras de solares en Cala Moragues -donde él vive-, se hizo con su propiedad, tramitó la licencia y el proyecto sin que se haya concretado el pago.

La Fiscalía Anticorrupción ha analizado con el Servicio de Protección de la Naturaleza y Hacienda los indicios delictivos de más de medio centenar de casos de supuesta corrupción urbanística atribuida a Hidalgo y a su grupo, y han examinado con detalles concretos media docena de proyectos, licencias e inversiones del ex alcalde y sus afines empresariales.

En la causa se citan los supuestos delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, contra la ordenación territorial y prevaricación, asociación ilícita, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La pena calculada por el fiscal para Hidalgo y Gibert, es de 18 años de prisión. Ambos están en libertad con fianzas de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente, una decisión recurrida ante la Audiencia de Palma por la fiscalía.