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El juez fijó una fianza de 600 millones para los seis abogados de Juan Antonio Roca

El magistrado argumentó que la cifra es proporcional al "blanqueo de fondos" realizado

Javier Martín-Arroyo

Miguel Ángel Torres, el juez instructor del caso Malaya, la red de corrupción municipal desarticulada en Marbella (Málaga), fijó una fianza de 100 millones de euros para cada uno de los seis abogados del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El magistrado argumentó en un auto que la cifra de 600 millones exigidos a los letrados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, "en modo alguno resulta excesiva" en proporción con el presunto "blanqueo de fondos ilícitos" efectuado durante una década, según consta en el sumario del caso.

El juez Torres cifró la fianza después de que la defensa de los letrados pidiera el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Justificó la suma, propuesta por la Fiscalía, en que los seis abogados, imputados por blanqueo de capitales, han gestionado las sociedades creadas por Roca "con todos sus fondos ilícitos". "El patrimonio de las citadas sociedades y del resto es incalculable, pero el propio Roca ha cifrado sus deudas en 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros), siendo evidente e indiscutible que su patrimonio es muy superior", argumentó el juez. Las cuantías más altas fijadas como fianzas en el caso Malaya, impuestas a varios promotores imputados por cohecho, no superaron los 500.000 euros.

Los abogados colaboraron como testaferros a través de sus sociedades "en el saqueo y expolio del Ayuntamiento de Marbella" mediante el blanqueo de "fondos ilícitos" durante más de una década. El juez detalla que "la suma de cientos de millones de euros es el valor de los bienes que habrían blanqueado durante años al señor Roca".

El primordial papel desempeñado por los letrados, que figuraban al frente de las sociedades mientras que el supuesto cerebro permanecía en la sombra, era clave. "Roca no tenía absolutamente nada a su nombre y se encontraba en estado de práctica insolvencia", detalla el auto. Se da la circunstancia que la Agencia Tributaria ha comunicado al juez la existencia de una devolución pendiente a Roca a cuenta de su declaración de renta de 2005.

Los letrados crearon sociedades de Roca, además de mantener cuentas en Suiza o en paraísos fiscales para financiar las actividades del ex asesor.

La Fiscalía propuso las fianzas al magistrado tras la valoración fijada por el catastro de algunas de las propiedades ocultadas en el entramado societario dispuesto por los abogados: entre ellas figuran el Palacio Saldaña y el Palacio de Tepa, ubicados en Madrid.

El supuesto cerebro de la red de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, aprovechó también sus inversiones en el mundo del arte para blanquear los fondos, según indica en un auto el juez. Fascinado por el lujo, en la última década Roca invirtió asimismo en multitud de fincas rústicas, vehículos de alta gama, e incluso un helicóptero.

La documentación intervenida a Roca revela la multitud de obras de arte que compró a Jean Alfred Leopold Fournets. Para el juez, Fournets mintió "de manera reiterada" sobre su relación con Roca, y estima que entre ambos existía una relación "de absoluta confianza". "Hay indicios contundentes de que tres de las obras de arte que Fournets entregó para ser subastadas figuran en los archivos de Juan Antonio Roca como de su propiedad", señala un auto. El juez ordenó que las obras fueran retiradas antes de ser subastadas.

El magistrado mandó asimismo la intervención de parte del inmenso patrimonio de Roca, incluidas una finca en La Palma del Condado (Huelva) y otras 29 ubicadas en Almendralejo (Badajoz), que figuran a nombre del supuesto testaferro de Roca imputado por blanqueo de capitales, Julio Blasco. Además, el juez declaró la prohibición de que Roca disponga de siete coches marca Mercedes, dos autobuses marca Stewart y un helicóptero modelo Europter.

Un guardia civil, imputado

Por otra parte, el agente de la Guardia Civil destacado en Marbella Javier Andrés Serrano resultó imputado por el juez Torres por haber suministrado información al jefe de seguridad de Roca, Jaime Hachuel, "sobre vehículos sospechosos", según declaró el propio Javier Andrés Serrano ante el magistrado.

"Jaime me pidió que consultara placas de matrículas de algún vehículo sospechoso que había pasado cerca de la finca . Me limité a consultar la base de datos y comprobar que en el vehículo no había nada extraño", afirmó el agente. Los investigadores acreditaron que agentes de la Policía Local marbellí suministraban información al entorno de Roca y al propio asesor en previsión de las actuaciones policiales o judiciales.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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