La nueva ley de la Administración moderniza la estructura de la Junta

La ley que regula el modelo organizativo de la Junta es de 1983. Desde entonces, la Administración autonómica no ha parado de crecer y no siempre al mismo ritmo de las exigencias de los ciudadanos. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de la Administración de la Junta que garantiza el derecho a la tramitación electrónica, regula las agencias públicas, generaliza los complementos salariales por productividad, obliga a la paridad en la Administración y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos.

Hasta el día de hoy, la regulación del Gobierno, es decir, del poder ejecutivo, y el de la Administración han ido de la mano. Pero ahora se optado por separar ambos ámbitos para procurar una mayor eficacia. El proyecto de ley que presentó ayer la consejera María José López pretende modernizar la estructura organizativa de la Junta, algo que el Comité Asesor de la segunda modernización consideró imprescindible en sus conclusiones si el Ejecutivo quería emprender otras reformas.

La Consejería de Administración Pública, junto con la de Hacienda, visarán y elevarán informes sobre los cambios en el resto de las consejerías, lo que provocó un vivo y tenso debate en el seno del Consejo de Gobierno, según fuentes del Ejecutivo.

Estas son los principales aspectos de la futura ley:

- Principio de buena administración. Comprende el derecho de la ciudadanía a que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines y a que se traten sus asuntos de manera imparcial. Participar en las decisiones que le afecten y que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable. Participar en los asuntos públicos y acceder a la documentación de la Administración.

- Administración electrónica. Regula mediante la ley las relaciones de los ciudadanos a través de los registros telemáticos, ahora previsto en un decreto. El objetivo es generalizar la firma electrónica y ofrecer el mayor número de trámites y servicios a través de internet.

- Paridad. "Se garantizará" la presencia de hombres y mujeres "al menos" en un 40%. Esta norma ya rige para el Gobierno, pero va obligar a los segundos niveles de la Administración. Esta representación deberá respetarse en los órganos colegiados.

- Órganos de participación ciudadana. "Se podrán crear" en la Administración de la Junta de Andalucía órganos de participación con fines de información y asesoramiento en la elaboración de planes y programas o de actuaciones con gran incidencia social.

- Emisión de informes. Corresponde a la Consejería de Administración Pública, a la par que a la de Hacienda, las propuestas y emisión de informes en relación con la creación, alteración de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la Junta.

- Gabinete jurídico. Se le da rango legal al órgano encargado de la representación y defensa de la Administración. Amplía sus competencias a las agencias administrativas, el Consejo Consultivo y el Consejo Audiovisual.

- Entidades instrumentales. Son aquellas participadas mayoritariamente o controladas por la Junta. Se crean una nueva clasificación, entre las que destacan las agencias administrativas (caso del IAM, o el SAS) y de las agencias públicas empresariales (como la Agencia de Innovación y Desarrollo). Los primeras tienen una especial autonomía de gestión. Sus titulares tiene consideración de altos cargos.

- Incentivos salariales. Una de las novedades de la ley es que el personal de las agencias públicas empresariales, que gestionan servicios o producen bienes, se regirán por el derecho laboral. Para poder fichar a directivos que trabajan en el ámbito privado y que perciben salarios mayores a los de la administración pública, la ley estable incentivos. "El personal directivo podrá percibir una parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante el complemento correspondiente que valore la productividad", afirma el proyecto de ley.

- Derecho de información. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos. El acceso a esa información se revolverá en el plazo máximo de un mes. También tienen derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración, siempre que indique el día y procedimiento en que los presentó.