Trece detenidos por vender contratos falsos a inmigrantes en Barcelona

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Barcelona a 13 personas como presuntas responsables de una estafa que ha afectado a centenares de inmigrantes en situación irregular. Los arrestados habían constituido un entramado de 110 empresas que utilizaban como tapadera para ofrecer puestos de trabajo ficticios. Por cada uno de los cerca de 400 contratos falsos que llegaron a formalizar, los extranjeros -la mayoría, procedentes de Pakistán e India- debían abonar una media de 3.000 euros.

La banda desarticulada -integrada por cinco españoles, cuatro paquistaníes, tres bolivianos y un marroquí- inició sus actividades fraudulentas hace siete años. Pero no fue hasta 2004 cuando, según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, "empezaron a desmadrarse". O sea: que el negocio ilícito creció de forma desmesurada. El pasado septiembre, la Subedelegación del Gobierno de Barcelona informó de que la apoderada de una sociedad limitada había presentado 47 ofertas de empleo sospechosas, ya que la empresa no tenía ni la solvencia ni la capacidad de contratación necesarias.

Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) descubrieron durante la investigación que la empresa estaba integrada por tres socios, un administrador y la apoderada. La policía advirtió además que poseían un entramado de 110 empresas de responsabilidad limitada. Las sociedades estaban administradas y dirigidas únicamente por ocho trabajadores y todas se caracterizaban por haber presentado gran cantidad de ofertas de trabajo. La inmensa mayoría eran ficticias.

"Ahora quieren el dinero"

El grupo operaba desde un piso de la calle de Saragossa, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Allí acudían cada día decenas de inmigrantes a "comprar" sus contratos, según explicaron a la policía algunos extranjeros afectados. El registro del piso permitió a los agentes incautarse de abundante documentación, incluidas facturas falsas y recibos.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Paquistaníes de Cataluña, Javed Ilyas, condenó ayer que se propongan este tipo de contratos ficticios y lamentó que algunos de sus compatriotas hayan sido víctimas de la estafa. Ilyas admitió que los afectados "no obraron bien" al tratar de obtener la regularización en España de forma ilegal. "Los que no lo consiguieron, ahora quieren recuperar el dinero".

Alrededor de 30 personas, según Ilyas, se han dirigido en los últimos meses a la asociación para pedir ayuda. "Están en una situación difícil. Nosotros no podemos ayudarles. Y ellos no pueden denunciar, porque siguen siendo ilegales".

Los vecinos de la calle de Saragossa aplaudieron la intervención policial: "El barrio estaba preocupado porque en los últimos años se habían sucedido muchas actividades distintas, explicó una vecina. La afluencia de gente al piso era intensa. "A primera hora de la mañana eran más numerosos, pero había gente durante todo el día", añadió la mujer.

Según fuentes policiales, se llegaron a formalizar cerca de 400 contratos. Teniendo en cuenta que los extranjeros pagaban una media de 3.000 euros por cada uno de ellos -"a veces, bastante más"- el dinero obtenido ilegalmente por la red mafiosa podría superar los 1,2 millones de euros.

Los agentes practicaron las detenciones los pasados 10 y 11 de enero. Además de favorecer la inmigración ilegal y atentar contra los derechos de los trabajadores, a los trece detenidos se les imputan los delitos de falsificación documental y estafa. Ocho de ellos pasaron a disposición judicial y el resto quedaron en libertad con cargos. Los ocho arrestados que aparecían como trabajadores de las empresas estaban relacionados con otra investigación de similares características. Además, la Fiscalía investigó a otros miembros del grupo por presunto blanqueo de capital, según fuentes de la Delegación del Gobierno.