El pulso entre el Gobierno boliviano y las regiones amenaza con extender la violencia

Las disputas entre el Gobierno central de Bolivia y seis de las nueve prefecturas (gobiernos regionales) amenazan con desatar un grave enfrentamiento social. El primer episodio dejó dos muertos y más de un centenar de heridos el jueves en Cochabamba, en los violentos choques entre sindicalistas cocaleros afines a Evo Morales y miembros de los comités cívicos que apoyaban el referéndum por la autonomía propuesto por el prefecto de ese departamento. Morales pidió ayer a sus seguidores "que respeten la vida" y acusó a los prefectos de alentar "el separatismo".

La víspera, los prefectos de los departamentos (regiones) de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando, La Paz y Cochabamba habían suscrito un documento "en defensa de la democracia y del respeto a las garantías constitucionales del Estado de derecho".

Los prefectos responsabilizaron al Gobierno de Evo Morales de los enfrentamientos de Cochabamba, en los que un campesino afín al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) murió de un balazo, y un chico de 16 años, militante del opositor Jóvenes por la Democracia, fue linchado. El joven, sobrino de un alto funcionario de la Prefectura, intentaba defender a su padre frente a los cocaleros, según testimonio de sus allegados.

El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, propuso el pasado 15 de diciembre un nuevo referendum autonómico en ese departamento, como los que celebraron en su día Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y que el año anterior había sido rechazado. La propuesta desencadenó la movilización de los seguidores de Evo Morales, que el pasado lunes tomaron la ciudad y destruyeron la Prefectura.

Recién llegado de Nicaragua, el presidente boliviano pidió a los sindicatos campesinos y cocaleros (de los que él sigue siendo dirigente) "actuar dentro de la democracia, no ser vengativos y respetar la vida". Sin embargo, la oposición ha acusado al Gobierno de usar a estos grupos como fuerza de choque en lo que han llamado "un golpe de Estado regional" para "destituir a un gobernante electo".

Concentración campesina

Ayer mismo, una multitudinaria concentración de campesinos exigía la dimisión de Reyes en la plaza de armas de Cochabamba, que permanece ocupada desde hace cinco días por los productores de coca. "No es una petición, esta es una exigencia para que deje la Prefectura y aquí nos vamos a quedar hasta lograrlo", dijo el senador del MAS, Omar Fernández, dirigente de los agricultores.

El alcance de las autonomías ha generado profundas fricciones entre los prefectos, que son elegidos en las urnas, y el Gobierno central. Hace un par de meses, los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, los ricos departamentos orientales, rompieron relaciones con el Ejecutivo después de que el Gobierno promoviera una ley de fiscalización a los prefectos de aplicación inmediata, cuando es la Asamblea Constituyente, actualmente en curso, la definirá los controles a los que deben estar sometidos.

Los enfrentamientos del jueves sacudieron el sentimiento ciudadano en el resto del país. La reunión de los seis prefectos en La Paz fue interrumpida por una turba que llegó de la vecina localidad de El Alto. Sus dirigentes prohibieron al prefecto de La Paz, José Luis Paredes, "hacer política, porque lo hemos elegido para que trabaje o se va".

El Comité Cívico de Santa Cruz ha convocado a un paro el martes próximo en apoyo a Cochabamba, mientras los movimientos sociales de Tarija, Chuquisaca y del mismo El Alto anunciaron su propósito de llegar hasta Cochabamba para respaldar a los cocaleros.

La Iglesia católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos anunciaron su propósito de facilitar el diálogo entre las partes. Varios medios de comunicación destacaban ayer que el conflicto estaba anunciado. Para el diario La Razón, el país "está experimentando los efectos del discurso de la violencia. De aquel que convoca permanentemente a la confrontación, a la provocación, al falso poder. Y éste, cuando proviene del Gobierno, conculca derechos y libertades".

El vicepresidente, Álvaro García Linera decía, ante una audiencia de campesinos el pasado 2 de enero, que el Gobierno de Morales impulsa una revolución democrática y cultural, que genera una contrarrevolución que los movimientos sociales deben neutralizar en los centros principales que son las ciudades.