El Gobierno aprueba la desmilitarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, por el que se suprime la sanción de arresto para faltas cometidas durante el trabajo policial de los agentes. El texto, que tendrá que pasar ahora por los filtros del Consejo de Estado y el Poder Judicial, supone en la práctica la desmilitarización de las sanciones en el instituto armado, cuya naturaleza castrense no piensa cambiar este Gobierno. Cuando esta ley orgánica salga aprobada, el Código Penal Militar sólo se aplicara a los guardias cuando cumplan misiones militares o en estados de excepción o guerra.

La reforma del actual régimen disciplinario de la Guardia Civil, aprobado hace 15 años, era una promesa electoral de los socialistas para los cuerpos de seguridad. El Ministerio del Interior se había comprometido a presentar el anteproyecto en diciembre, pero no ha sido llevado al Consejo de Ministros hasta ayer. "Este texto lleva meses de trabajo, en consulta con las instituciones y con la participación de los Ministerios del Interior, Justicia, Administraciones Públicas y Defensa", según admitió ayer el titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La principal medida es la desaparición "definitiva" de la sanción de arresto para actos de indisciplina en el trabajo normal como cuerpo policial de los 72.000 guardias en activo, los 12.000 en la reserva y los alumnos de las academias del instituto armado. "Era una sanción desfasada y sin sentido salvo en misiones militares", declaró Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El Código Penal Militar quedará limitada a situaciones extraordinarias, como guerra, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho cuerpo se integre en unidades militares", añadió el ministro.

Defensa pierde competencias

Este hecho supone que Interior verá aumentada su competencia disciplinaria, en detrimento del Ministerio de Defensa. Además, cuando la ley esté en vigor supondrá una merma en el trabajo de la sala de lo Militar del Tribunal Supremo, ya que la mayoría del trabajo de los magistrados de este órgano versa actualmente sobre sanciones disciplinarias a guardias impuestas durante su trabajo como cuerpo de seguridad ciudadana, como abandono del puesto, faltas en el saludo y similares. Los recursos por sanción se tendrán que presentar ante Interior y, si llega a los tribunales, serán vistos por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo

El texto incluye un nuevo catálogo de conductas sancionables, y elimina otras consideradas "superfluas o desfasadas", y se aproxima al que se aplica a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Así, se tipifica el acoso moral, laboral y psicológico, las que atenten contra la libertad sexual o racial, el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o de reserva sobre secretos oficiales o el negarse a pasar controles de consumo de alcohol o drogas. Todas se considerarán faltas muy graves. Por el contrario, se suprimen sanciones tipificadas de forma tan genérica o indeterminada, las que se imponían por manifestar "tibieza o disgusto ante una orden" o la que castigaba "el mantenimiento de relaciones sexuales en el acuartelamiento con trascendencia pública".

El ministro explicó que las reformas en la Guardia Civil continuarán con la aprobación "en pocas semanas" de la ley de derechos y deberes de los guardias civiles. Este texto, que como el ya aprobado es de "gran complejidad jurídica", según fuentes de Interior, no recogerá el asociacionismo reivindicativo o el protosindicalismo en el cuerpo. Además, en ningún caso se variará la naturaleza castrense del instituto armado. "Ambas respetarán el carácter militar de la Guardia Civil, que se va a mantener mientras el PSOE esté en el Gobierno", subrayó Rubalcaba.

El texto fue rechazado ayer por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la que más asociados tiene en el cuerpo, que lo considera "negativo y cicatero". En contra de lo manifestado por el ministro, la asociación asegura que el anteproyecto "es de una mayor dureza sancionadora, no aumenta las garantías para los expedientados, mantiene competencias sancionadoras en el Ministerio de Defensa y no clarifica en absoluto la no aplicación del Código Penal Militar". Por ahora, la AUGC mantiene la concentración convocada para el día 20 en Madrid por "el incumplimiento de las promesas electorales del Gobierno".

Además, el Ejecutivo aprobó ayer un aumento de los complementos retributivos para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un 6,28%. El aumento supondrá que los guardias civiles y policías nacionales de base cobrarán unos 1.500 euros más al año y casi 2.500 euros para un capitán del instituto armado.