Los inmigrantes que denunciaron una estafa piden comparecer en el Parlamento vasco

Harresiak Apurtuz, la coordinadora que representa a los 60 inmigrantes estafados en Vizcaya durante el proceso de regularización de 2005, solicitó ayer la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para denunciar lo que consideran "total pasividad" de la Administración del Estado. "No nos ha quedado más remedio que acudir al Parlamento", declaró ayer el presidente de la citada coordinadora de las ONG que apoyan a inmigrantes, Rigoberto Jara.

Un año después de que presentaran sus denuncias, que siguen su curso en los juzgados, los inmigrantes continúan en situación irregular, pese a que la Ley de Extranjería prevé la regularización en estos casos. De los siete supuestos estafadores, entre ellos dos abogadas, sólo ha sido procesada una asesora.

Los inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a supuestos empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo durante el proceso de regularización extraordinaria del pasado año, por lo que el importe global de la estafa ronda los 60.000 euros.

Los presuntos estafadores formalizaban contratos para empresas inexistentes, sin medios materiales ni recursos, que se constituyeron días antes del inicio de la regularización. Los hechos fueron confirmados por el Cuerpo Nacional de Policía, que trasladó los datos a los juzgados.

Amparo parlamentario

Los representantes de los inmigrantes van a pedir amparo a la Cámara vasca al no ver atendidas sus demandas para recibir la documentación que legalice su situación, después de haber sido víctimas de un fraude. La fiscalía del Juzgado de Instrucción número siete de Bilbao, reconoce que hay serios indicios de fraude en la actuación de una abogada que tramitó los falsos contratos. También se han presentado denuncias en los juzgados número dos, tres y cinco de la capital vizcaína. Los casos se han visto retrasados por la huelga de los trabajadores de Justicia.

La investigación policial permitió descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por otras tantas abogadas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta por una falsa ONG que luego desapareció.

Rigoberto Jara explicó que "vamos a esperar a que mueva ficha la Administración española después de la comparecencia parlamentaria. Si sigue sin hacer nada, tendremos que seguir hasta las últimas consecuencias".

Jara subraya que los artículos 31 y 45 de la Ley de Extranjería prevén la regularización para los caos de trabajadores inmigrantes que denuncien ilegalidades. Además, una resolución del Ministerio de Trabajo, del pasado 23 de junio deja en manos de las subdelegaciones la potestad de regularizar a inmigrantes que colaboren con las autoridades.