La actividad urbanística de Andratx se ha paralizado tras la detención del alcalde
El estallido del caso Andratx, el escándalo balear de supuesta corrupción urbanística en el municipio mallorquín gobernado por el Partido Popular, ha supuesto, desde el 27 de noviembre pasado la parálisis de los trámites administrativos y de control del área de Urbanismo. Andratx tiene 11.000 habitantes y vive una fiebre constructora que la ha situado como la segunda población de la isla con mayor número de licencias (813 visados de viviendas en 2005). La primera es la capital, Palma (2.359 visados), con una población de 400.000 personas.
El nuevo alcalde de Andratx, Jaume Porsell, del PP, detalló ayer la situación: "No hemos hecho nada, no se ha dado ninguna licencia ni ningún certificado, nada que respecte a Urbanismo. No es que no queramos, es que no podemos". El juez del caso Andratx, Álvaro Latorre, ordenó la tutela de las obras y, a petición del fiscal, solicitó al Colegio de Arquitectos que su oficina deontológica verificara la calificación de terrenos, expedientes de obras y licencias cuestionados.
La crisis política y bloqueo municipal surgió con la detención del anterior alcalde, Eugenio Hidalgo, del PP; del celador inspector municipal de obras de Andratx, Jaume Gibert, y del ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, que ha solicitado retornar a su puesto de jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento.
El Consell de Mallorca decidirá qué competencias urbanísticas de Andratx podrá asumir y, de manera inmediata, subsanará las deficiencias de las Normas Subsidiarias. La institución insular entiende que es preciso que Andratx aporte la justificación jurídica y técnica para la subrogación extraordinaria de la gestión urbanística.
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