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Columna
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Plegarias desatendidas

Dios se había convertido en un vecino muy molesto para los habitantes de un bloque de viviendas del distrito de Fuencarral. Nada que objetar a los ruidos rituales del culto; aunque en la moderna liturgia intervengan guitarras y, a veces, percusiones y voces amplificadas, los horarios de las misas cantadas y de las ceremonias amenizadas con músicas, más profanas que sacras, no perturbaban el descanso de los residentes.

Las quejas vecinales, surgidas desde la edificación del templo en 1988, se concentraban en la excesiva proximidad de la casa de Dios con sus viviendas, los muros de la iglesia les privaban de luz y les cortaban el aire y las vistas invadiendo su propiedad.

Hombres de poca fe, algunos vecinos no apreciaban tanto los presuntos beneficios espirituales de tal cercanía como los perjuicios materiales que les causaba la abusiva edificación, confirmada en repetidas ocasiones por los tribunales humanos enfrentados a la justicia divina y al piadoso alcalde José María Álvarez del Manzano que negaría, por lo menos tres veces, la aplicación de la impía sentencia de demolición parcial que data de 1993 y cuya ejecución se está llevando a cabo en los primeros días de 2007.

Al colaboracionismo eclesial se contraponía la acción de algún obispo
La Iglesia católica fue uno de los más firmes pilares del franquismo

El incumplimiento acarrearía una ejemplar multa gubernativa para el entonces gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, tal vez compensada por las indulgencias pontificias.

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Para salvar la integridad del templo, hace unos años, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, solicitó un "milagro" de la Divina Providencia, petición que, pese a las excelentes recomendaciones del clérigo, fue rechazada. No está el Espíritu Santo, sumo gestor del departamento, para semejantes minucias en estas fechas.

El mismo día, 8 de enero de 2007, en el que se iniciaba el derribo, "un atropello enorme" para el párroco titular, otra noticia eclesiástica usurpaba las primeras páginas de los diarios, laicos y católicos, la forzada y reticente dimisión del flamante arzobispo de Varsovia, capital de la nación más católica del mundo después del Vaticano, convicto y confeso de colaboracionismo con los Gobiernos comunistas de su país hasta la mismísima caída del Telón de Acero.

Aunque el padre Federico Lombardi, portavoz de la sede romana, trate de capear el temporal aduciendo el carácter "opresivo y chantajista" del antiguo régimen, lo cierto es que el arzobispo dimisionario, Stanislaw Wielgus, hizo una espléndida carrera en el escalafón eclesiástico gracias al apoyo de sus mentores materialistas y ateos que le promocionaron y becaron en el extranjero.

La "caza de brujos", emprendida por el ultraderechista, ultracatólico y bifronte régimen de los gemelos, Lech y Jaroslaw Kaszyinski, amenaza las eminentísimas relaciones existentes entre Roma y Varsovia, consolidadas por el papa Juan Pablo II, libre, hasta el momento, de cualquier sospecha colaboracionista con el régimen.

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La Iglesia católica española que fue uno de los más firmes pilares del franquismo, a cuyo excelentísimo déspota paseó bajo palio, aún no ha hecho examen de conciencia, salió sin romperse ni mancharse de la delicada transición.

A la descarada actitud colaboracionista de gran parte de la cúpula eclesial se contraponía, en los últimos años de la dictadura, la acción y la predicación de algunos obispos como monseñor Tarancón y sobre todo la actividad pastoral y política de los despectivamente llamados curas "progres" y "rojos", cercanos a la teología de la liberación, movimiento ayer activo, aunque siempre minoritario, y hoy perseguido, silenciado y desactivado.

Cuentan que "crucificado" por la postura combativa y crítica de ese sector del clero, el general Franco llegó a amenazar con la suspensión de bulas, privilegios, subvenciones y prebendas a la Iglesia Católica española que, entonces, no formaba, como hoy, un bloque casi monolítico y muy activo en la lucha contra las libertades.

El Gobierno actual no llega a tanto, prefiere, al parecer, pactar la no beligerancia del catolicismo militante de la COPE y medios afines poniendo en contrapartida los dineros del César que son los nuestros.

Leo en un periódico muy crítico con la demolición parcial de la iglesia de Fuencarral que la operación le costará al Ayuntamiento de Madrid "unos 70 millones" -espero que fieles a la tradición sigan contando en pesetas- pero lo que está claro es que esa cantidad la pagaremos todos, cristianos y paganos. Amén.

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