Acción Social da a un disminuido una plaza tras salir el caso en la prensa

Salvadora Llorens, viuda y madre de un joven de 26 años que sufre síndrome de Down y Alzheimer, ha tenido que aguardar tres años y medio y denunciar su situación en los medios de comunicación para lograr que el Departamento de Acción Social y Ciudadanía asigne una plaza en un centro especializado a su hijo. La mujer rellenó la solicitud en junio de 2003, aunque la Generalitat aseguró ayer no haberla recibido hasta el pasado 2 de enero. Salvadora dice que ya no puede seguir viviendo y cuidando de su hijo porque su situación ha empeorado en pocos meses.

El caso de Lluís Miquel lo difundió ayer la agencia Efe. Unas horas más tarde tenía concedida una plaza que hasta ese momento le era negada. Salvadora Llorens siente un cierto alivio, rodeado de no poca indignación. Sin el escándalo, seguiría esperando.

La vida de Salvadora, una viuda de 66 años que reside en Nou Barris junto a su hijo Lluís Miquel, ha dado un repentino vuelco en apenas un mes. La razón: que su hijo ha empezado a tener ataques de agresividad. "Chilla, se enfada con facilidad, se autolesiona, golpea y empieza a romper objetos", lamenta. Hasta mediados de diciembre, Lluís Miquel pasaba parte del día en un centro especializado, pero la situación es tal que ahora el joven ya no puede salir de casa.

"No puedo dejar a mi hijo solo y estoy las 24 horas del día pendiente de él. Incluso las vecinas me tienen que traer el pan", añade Salvadora. Esta mujer explica que ayer inició un tratamiento de rehabilitación por una lesión en el hombro, y por ello se tiene que desplazar al centro sanitario Pere Virgili, situado en el antiguo Hospital Militar. "Sufro mucho cuando tengo que irme y dejarlo solo. ¿Y si tiene un ataque cuando estoy fuera?", se pregunta.

Hace tres años y medio que un neurólogo diagnosticó que Lluís Miquel tenía Alzheimer. Fue entonces cuando empezaron los primeros ataques de agresividad. "Le dispensaron un fármaco que logró que desaparecieran los brotes, que ahora han reaparecido. Los médicos me han dicho que el tratamiento ya no tiene efecto y que la única solución es el internamiento en un centro especializado".

Los médicos que seguían a Lluís Miquel recomendaron a Salvadora que solicitara a la Generalitat una plaza en un centro de la red pública. Así lo hizo y prueba de ello es que conserva el formulario oficial que rellenó en junio de 2003, un formulario que el Gobierno catalán no encuentra. "Entonces dije que no tenía prisa, ya que el estado de mi hijo había mejorado gracias a la medicación. Pero, tres años y medio más tarde, los ataques de agresividad han vuelto. Lluís Miquel no puede vivir conmigo en casa porque necesita unas atenciones que no le puedo dispensar", asegura.

La respuesta del Departamento de Acción Social no llegó hasta ayer, después de que Salvadora y la asociación Padres de Álex -que agrupa a familias con hijos discapacitados severos- hicieran público el caso en diversos medios de comunicación. La Generalitat ha ofrecido a Salvadora una plaza para su hijo en un centro situado en El Prat de Llobregat.

Un portavoz de Acción Social indicó que no había recibido la solicitud hasta el pasado 2 de enero. Salvadora recuerda que el pasado 22 de diciembre se puso en contacto con personal de este Departamento y le expuso su situación. Salvadora lamenta que la reacción de la Generalitat haya llegado después de denunciar públicamente el caso. Lo mismo lamenta Antonio Moreno, de la asociación Padres de Álex, quien lamenta la "falta de sensibilidad" de la Generalitat en la atención hacia los discapacitados y sus familiares.