Los tribunales entran en los quirófanos

La Consejería de Sanidad ha tenido un mal final de año en los tribunales. Los jueces la han condenado, al menos cinco veces en dos meses, por graves deficiencias en la atención médica, con indemnizaciones que superan el 1,2 millones de euros. Una mujer se ha quedado sorda tras pasar nueve años en lista de espera, otra sufre secuelas cerebrales por un fármaco al que era alérgica y un hombre murió por la radiación que debía frenarle un cáncer. Son sólo tres casos denunciados por las víctimas de negligencias, colectivo que clama por su derecho a ser resarcidos por el daño sufrido. Los médicos admiten el fin de la impunidad jurídica de la que gozaban hace años, pero no ocultan los perjuicios de verse sometidos a la presión de los tribunales.

Cada vez son más los procesos médicos que empiezan en una consulta y terminan en los tribunales. Es la opinión unánime de pacientes, médicos, fiscales y jueces, aunque no existen datos al respecto: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid no distingue en sus memorias las sentencias sobre casos médicos y la Consejería de Sanidad no quiere ofrecer los que afectan a los hospitales públicos.

"Ha habido un aumento importante en los últimos años, sin duda", señalan el Colegio de Médicos de Madrid, el sindicato médicos CESM y el teniente fiscal del TSJ, Pedro Martínez. "Lo que no está claro es que eso sea algo bueno", matizan fuentes sanitarias.

Dos asociaciones de pacientes nacidas en Madrid -Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) y Asociación el Defensor del Paciente (Adepa)- han protagonizado este aumento. Las dos tienen el mismo origen: víctimas de errores médicos a principios de los años noventa que empezaron a organizarse ante "la falta absoluta de atención que recibimos".

"Mi hermana tenía sólo piedras en la vesícula, pero el médico quiso ensayar con un instrumental nuevo que no estaba ni homologado. Se llevó a tres comerciales del fabricante al quirófano para que le fueran diciendo cómo funcionaba. Le rompió la aorta y el hígado y la mató", recuerda María Antonia Moral, de Avinesa.

"Mi hijo sólo puede mover un dedo. Quedó tetrapléjico tras estar cinco años en lista de espera", añade Carmen Flores, de Adepa. Las dos coinciden en destacar "el enorme cambio a mejor que se ha registrado en los últimos años". "Los médicos eran intocables en 1992. Nadie nos ayudó: ni hospitales, ni administraciones, ni jueces...", asegura Moral.

Las dos asociaciones afirman haber ganado en 2006, 47 sentencias en los tribunales, con indemnizaciones que suman más de seis millones de euros. Rafael Martín Bueno, abogado de Avinesa, recuerda los tiempos en que "no había forma de encontrar un médico que hiciera un peritaje contra otro; o un juez que dudara de la actuación de la sanidad pública. Hoy la gente es más consciente de sus derechos y los jueces más sensibles".

Médicos y fuentes gubernamentales, sin embargo, alertan que "judicializar la medicina no es nada bueno para el conjunto del sistema". "Algunos pacientes, afortunadamente aún pocos, se sientan en la consulta y exigen que les hagas unas pruebas. Otros no aceptan que una operación no salga siempre bien. Enseguida hablan de denuncias y tribunales", explica un jefe de servicio de un hospital público. "Esto acaba generando una presión sobre el médico que tiene a la medicina preventiva, en la que se hacen pruebas sólo para cubrirse las espaldas", añade.

Otras fuentes son más críticas con las asociaciones de pacientes. "En cierto modo se han convertido en cazarecompensas. Sus orígenes fueron nobles, pero luego han visto que pueden mover mucho dinero con las indemnizaciones", sostiene un dirigente sanitario.

Beatriz Orgando, del sindicato médico Cesm, admite que los facultativos han perdido la relativa "impunidad jurídica" de la que disfrutaban hace unos años. "El paciente ahora exige más información y soluciones seguras, que no siempre existen. En cierta forma se ha perdido la confianza ciega del paciente al médico, que debe ser uno de los pilares de la medicina", afirma.

El Colegio de Médicos de Madrid coincide con Orgando y alerta de "la alarma social que genera el eco que están recibiendo unos pocos errores entre los millones de actos médicos que se hacen en Madrid al año". El Colegio recuerda que en 2006 se han realizado más de 300.000 operaciones y ocho millones de pruebas diagnósticas en la sanidad pública madrileña.

Llenar un vacío

Todas las fuentes admiten que las asociaciones de pacientes han llenado un vacío, la atención y apoyo a los afectados, que las administraciones no han sabido o querido ocupar. La Comunidad de Madrid creó hace cuatro años la figura del Defensor del Paciente, aún poco conocida. "Aparte de copiarnos el nombre, poco más ha hecho", afirma Carmen Flores. La persona que Sanidad ha elegido para dirigirlo -Juan Ignacio Barrero, del PP, ex presidente del Senado y sin experiencia en el mundo sanitario- no ha ayudado a mejorar la imagen de la institución. Tampoco la información pública que ofrece: preguntada sobre su actividad, los datos más recientes que dispone son de 2004.