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Los partidos debaten el reconocimiento de "derechos históricos" para Galicia

El problema identitario se extiende a los símbolos e incluso a la denominación del 25 de julio

A menos de un mes de la fecha límite pactada por Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijóo para llegar a un acuerdo en torno al Estatuto, el articulado de la reforma que se discute en el Parlamento sigue pendiente de numerosas reservas y votos particulares. Los partidos, sin embargo, difieren ostensiblemente sobre la importancia de los desencuentros más allá de los que se refieren a la identidad nacional o la lengua, que habrán de ser resueltos por sus respectivos líderes. Los socialistas, por ejemplo, afirman que el PP acepta el reconocimientro de "derechos históricos". Los populares lo niegan.

La ponencia parlamentaria sobre el Estatuto mantiene a día de hoy numerosos artículos abiertos, aunque en muchos de los casos existan coincidencias entre dos o, en algunos casos, los tres grupos políticos. El estado actual de la reforma es el siguiente:

- Preámbulo. La introducción del nuevo Estatuto (el actual carece de ella) se ha convertido en el eje de las discrepancias. Los partidos están de acuerdo en dividirlo en tres apartados: uno que haga referencia a los antecedentes del autogobierno (los Estatutos de 1936 y 1981), otro que refleje los principales hechos diferenciales (lengua y cultura) y un tercero que aluda a la identidad de Galicia. Aquí es donde el PP no está dispuesto a pasar de una referencia histórica al galleguismo (su línea roja es la "realidad nacional" andaluza) y donde el BNG exige reconocer a Galicia como nación. Su voluntad de incluir todas las referencias al marco constitucional que sean necesarias no han conseguido hasta ahora modificar la postura del PP. El PSdeG se mueve a medio camino y en varias ocasiones ha declarado su disposición a aceptar tanto Galicia como nación como realidad nacional siempre y cuando haya un acuerdo a tres bandas.

- Título Preliminar. Regula algunos de los asuntos más c

ontrovertidos. A falta de pactar el preámbulo, existe un acuerdo sobre la definición de Galicia como "nacionalidad histórica" en el marco de la Constitución, una fórmula sustancialmente idéntica a la actual. El BNG está dispuesto a obviar la cuestión nacional siempre y cuando la palabra "nación" sea incluida en el preámbulo.

La principal novedad de este título estaría en el reconocimiento de "derechos históricos" que habilitarían a Galicia para defender sus propios planteamientos en los terrenos lingüístico, cultural, de derecho civil y de organización territorial. El PSdeG sostiene que en este asunto hay un acuerdo a tres, pero el PP se niega a fundamentar el autogobierno en estos derechos y propone que parta de la Constitución del año 1978.

Los tres partidos están de acuerdo en los límites territoriales de Galicia, pero no en la forma de expresarlos. BNG y PSdeG quieren sustituir la referencia actual a las provincias por la de los Ayuntamientos, pero el PP propone que coexistan las dos para que las provincias sigan apareciendo en el Estatuto. El problema sigue abierto, en parte pendiente de lo que ocurra con el artículo sobre la organización territorial.

La ponencia ha tenido menos dificultades para ponerse de acuerdo en torno a la ciudadanía gallega y a los gallegos en el exterior, dos asuntos que mantienen básicamente la formulación vigente. Hay acuerdo también en fijar la capitalidad de Galicia en Santiago, que será sede del Parlamento, de la Presidencia y del Gobierno. A Coruña sería declarada sede del Tribunal Superior de Xustiza, aunque todo apunta a que esta mención quedará para el título que regula la Administración de Justicia.

La distancia que separa a los grupos es especialmente visible en los artículos relativos a la lengua gallega y a los símbolos de Galicia. Todos están de acuerdo en que se reconozca el derecho de opción lingüística sobre la base de la cooficialidad y en la consideración del gallego como la lengua normal de la Administración, la enseñanza y los medios de comunicación. El problema está en el reconocimiento del deber de conocer el gallego, que el Partido Popular no acepta.

Los símbolos, por su parte, se han hecho partícipes del debate identitario. El BNG quiere hablar de símbolos nacionales y que el 25 de julio siga siendo, como hasta ahora, el Día Nacional de Galicia. El PP no está de acuerdo.

- Derechos y deberes. Aquí hay un acuerdo casi cerrado gracias al que los partidos alcanzaron en Andalucía. En este capítulo figuran una gran variedad de derechos (desde la libre elección de médico. a que la enseñanza pública laica se complemente con el derecho a recibir educación moral y religiosa). Entre las principales novedades destaca la promoción de la lengua de signos, pese a que los ponentes no han querido dar el paso de hacerla oficial, temerosos del coste económico que supondría esta medida.

En este apartado, además de los derechos, que aluden a los ciudadanos, figuran los principios rectores, que hacen referencia a las instituciones. Hay tres o cuatro relacionados con la mujer: entre ellos el fomento la paridad y la integración social, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico o previsiones sobre la violencia doméstica.

La ponencia debate todavía la denominación del órgano que deberá hacer una revisión previa de legalidad de las normas que aprueba el Parlamento y que nacería a partir del actual Consello Consultivo.

En Cataluña adoptó la denominación de Consello de Garantías Estatutarias y allí tendrá carácter vinculante, algo de lo que no son partidarios los grupos políticos gallegos.

Municipios con iniciativa

En el título de los Poderes de Galicia (Parlamento, Gobierno y Presiden

cia) probablemente habrá un acuerdo para ampliar el número de diputados de la Cámara (en la actualidad son 75 y el BNG quiere llegar hasta 90). También para incluir la iniciativa legislativa popular y la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan, en determinadas condiciones, promover iniciativas. Posiblemente habrá una referencia a la paridad en las listas electorales, aunque no más allá de un criterio general. Hay dificultades, en cambio, para que salga adelante la propuesta del PP de generalizar las mayorías cualificadas en la renovación de diferentes órganos y reformar varias leyes, entre ellas la de Elecciones.

En la ordenación territorial, el BNG no quiere ni oír hablar de diputaciones y de provincias, todo los contrario que el PP. El PSOE tiene, aquí también, una posición intermedia: le resulta indiferente la mención de las provincias y no juzga necesario hablar de diputaciones. No habría referencia a las comarcas, a diferencia de lo establecido en 1981, pero sí a las parroquias.

La consideración de la administración local como otro poder de Galicia también enfrenta a los partidos, que sí están en situación de pactar la necesidad de fusionar ayuntamientos y la creación del Consello de Gobernos Locais, que asumiría las funciones de la Fegamp.

En materia judicial el BNG trata de introducir un Poder Judicial a imagen y semejanza del estatal. El PP se opone y el PSdeG sugiere optar por un Consello Xudicial Galego como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial del Estado. Otro problema sin resolver es la demarcación y planta judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de enero de 2007

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