IU reclama que la ley de la Memoria Histórica condene expresamente la dictadura franquista

Eran pocos, apenas medio centenar, pero representaban el sufrimiento y la dignidad de muchos miles. Un grupo de familiares de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura de Franco se concentró ayer ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga para exigir una "verdadera" ley de la Memoria Histórica que recoja una condena expresa al régimen franquista y la nulidad de todos los juicios y sentencias por motivos políticos entre 1936 y 1975. Antonio Romero, parlamentario autonómico de IU, pidió que el texto, en trámite parlamentario, "no devuelva a las fosas a las víctimas".

Los familiares de represaliados, la mayor parte de los cuales superaba la cincuentena, acudieron sobre las 11.00 a la escalinata de acceso al Palacio de la Aduana, sede de la Subdelegación. Muchos de ellos portaban fotografías antiguas de sus parientes muertos o desaparecidos en la guerra y en la dictadura y otros llevaban pancartas en las que se podía leer: "El Borge: 13 fusilados", "Casares: 43 fusilados", "Teba: 132 fusilados"...

Tras varios minutos de concentración silenciosa, una comitiva encabezada por Antonio Romero y el candidato de IU a la Alcaldía de Málaga, Pedro Moreno Brenes, subió al despacho del subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y le entregaron un manifiesto con 13 puntos "mínimos" para el debate de la llamada Ley de la Memoria Histórica, texto que consideran "claramente insuficiente".

El primer punto que, según los concentrados, se debe incorporar a la futura normativa es la condena al régimen franquista. "No eran dos bandos, no se puede equilibrar en términos de legitimidad aquellos que se sublevaron contra la legalidad republicana y aquellos que la defendieron", aseguró Moreno Brenes.

Retirada de símbolos

A continuación se pide "la nulidad radical de todos los procesamientos, sentencias, condenas y sanciones" por motivos políticos, religiosos, étnicos o de conciencia durante el franquismo. También se reclama la aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; la identificación de las fosas comunes y enterramientos de las víctimas del franquismo y la exhumación de éstas; la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos y el cambio de los nombres de las calles dedicadas a personajes del régimen; la exhumación de los restos del general Franco y la "regeneración democrática del Valle de los Caídos"; y el reconocimiento de la nacionalidad española para los descendientes de exiliados, entre otros puntos.

Antonio Romero recordó que "sólo en la provincia de Málaga" fueron fusiladas entre 7.000 y 8.000 personas por su fidelidad a la República, más del doble de desaparecidos por la dictadura del recientemente fallecido Augusto Pinochet en Chile. "La Ley de Memoria Histórica no debe convertirse en una ley de punto final y amnistía del franquismo", dijo.

Los políticos cedieron pronto el protagonismo a los familiares de represaliados. Juan Lepe Vera acudió a la concentración con dos fotografías antiguas, ambas con protagonistas muy parecidos físicamente. "Son mi abuelo y su hermano, Juan y José Vera Muñoz". Estos hermanos murieron fusilados el 4 de abril de 1937, un mes después de las tropas franquistas entraran en su pueblo, Álora. José Vera aparece en la instantánea con su mujer y con tres niños pequeños. "A los dos varones, los mataron cuando tenían 16 o 17 años por qué mataron a su padre". La niña, un bebé en la fotografía, es ahora una mujer casi anciana. "Al final ha venido, pero no quería venir a la concentración por miedo a que le pegara la policía", señala Juan Lepe Vera.

Cristóbal Florido Lobato, de 72 años, portaba una imagen de su padre a los 21 años. "Es de antes de la guerra. Él murió a los 26 años, cuando yo tenía 18 meses". Cristobal Florido Hidalgo, también de Álora, fue fusilado el mismo día que los hermanos Vera. "Su único delito era ser yerno de un republicano. No pertenecía a ningún partido". El padre de Cristóbal está enterrado en una fosa común a los pies del castillo árabe del pueblo. "El Ayuntamiento quiere hacer una reforma para que los turistas visiten el castillo, pero que no se les ocurra hacer nada encima de la fosa", se indigna el anciano, que acudió a al concentración con muletas.

Antonia Infante tenía seis años cuando mataron a su padre tras un año de cárcel. "Ahora estamos luchando para que lo saquen de donde está y le pueda quitar los alambres que le pusieron para amarrarle las manos".