Entra en vigor 'nominalmente' la ley de dependencia

La Ley de Atención a la Dependencia cumplió ayer su primer día de existencia. Pero los teóricos beneficiarios de la norma no notaron nada. El proyecto del Gobierno, que fue aprobado el pasado diciembre por las Cortes, requiere de toda una serie de desarrollos normativos que impiden que, de momento, sea algo más que un derecho virtual.

Los primeros decretos no se esperan hasta dentro de dos o tres meses. En ellos habrá que fijar desde el sistema de evaluación del grado de dependencia -la llamada baremación- hasta la cuantía de las ayudas y su reparto entre las dos administraciones que las asumirán, la central y las autonómicas. Cuando la ley esté plenamente desarrollada se calcula que habrá más de un millón y medio de beneficiarios directos: todas aquellas personas que necesitan de la ayuda de otra para llevar a cabo su vida diaria.

Además, también mejorarán las condiciones de los cientos de miles de cuidadores -sobre todo, cuidadoras- que actualmente dedican parte o toda su jornada a atender a personas dependientes dentro de la familia.

La ley entrará en vigor poco a poco, comenzando por los llamados grandes dependientes, que se calcula que son unos 200.000, y alcanzará a todos los que lo necesiten en 2015.

Para este año, el Gobierno ha establecido una partida de 400 millones de euros en los presupuestos. El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, consideró, en declaraciones a Efe, esta cifra "más que razonable". Esa partida va a permitir al sistema ser "eficiente" y funcionar "bien", según Solbes, aunque precisó que, "lógicamente, la velocidad de crucero no van a ser 400 millones de euros, será bastante más en su momento".

Respecto a futuros incrementos, advirtió de que "hay que avanzar poco a poco", ya que lo importante es ser "muy eficiente" en la gestión de los recursos públicos que se destinen a atender a las personas dependientes.

Si no se hace así, se puede "caer en la trampa de una mala utilización de esos recursos y, por lo tanto, en una critica fácil al sistema que se pone en marcha", avisó el vicepresidente Solbes, que recordó además que la financiación de los servicios de dependencia será "a tres bandas": Estado, comunidades autónomas y el usuario, que aportará en función de su renta y patrimonio.