Bruselas teme que las grandes eléctricas frenen la competencia energética en la UE

Bruselas teme que la resistencia de las grandes empresas impida desarrollar un modelo energético competitivo en la UE. La Comisión, que presentará un paquete de medidas el próximo día 10 para aumentar la competencia en el sector, busca alternativas a su propuesta inicial de separar la propiedad entre la generación y el transporte de la energía con el fin de acabar con el poder de los monopolios. Y es que esta propuesta ha suscitado el rechazo enérgico de las grandes compañías de gas y electricidad que operan en Europa, y de algunos Gobiernos, como el francés.

El paquete de medidas para aumentar la competencia y la eficiencia en el sector energético que presentará la Comisión Europea el próximo día 10, podría verse seriamente rebajado si prospera la resistencia de los grandes generadores de gas y electricidad que operan en la UE. Una de las propuestas que baraja el Ejecutivo Comunitario y que está despertando mayor oposición propugna la separación de la propiedad entre las actividades de generación, transporte y distribución para facilitar la efectiva entrada de nuevos competidores en el mercado y abaratar los precios.

Bruselas ha puesto de manifiesto que la situación actual de práctico monopolio ejercido por las grandes compañías establecidas históricamente, en los mercados de gas y electricidad, supone una seria desventaja competitiva especialmente para las empresas pequeñas y medianas.

La iniciativa de optar por una medida más firme como la división de la propiedad de las distintas actividades de producción, transporte y comercialización, ha sido consecuencia del desinterés mostrado por los Estados Miembros en transponer correctamente las directivas comunitarias del gas y electricidad de 2003 que ya exigían la separación legal de estas actividades.

El comisario de Energía, Andris Piebalgs, ha abierto expedientes contra la mayoría de Estados, unos 20 por la directiva de electricidad y una docena por la de gas, por no haber establecido en su legislación nacional la obligación de que estas actividades fueran desempeñadas por sociedades distintas aunque pertenecieran al mismo grupo. Las grandes empresas históricamente establecidas como E.ON y RWE en Alemania, y EDF y GdF en Francia, tienen la sartén por el mango al poseer las redes de transporte y fijar las condiciones en que estas instalaciones pueden ser utilizadas por los terceros que quieren entrar en el sector. En la práctica las condiciones ofrecidas no resultan rentables y, por tanto, la competencia no es posible.

La propuesta de separación de propiedad, anunciada tanto por la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, como por el propio presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha tropezado con la oposición del presidente francés Jaques Chirac, y la canciller alemana, Angela Merkel, que no han dudado en asumir la protección de sus respectivas empresas nacionales de gas y electricidad, auténticos poderes fácticos en los países industrializados. El propio Barroso consciente de esta posición de rechazo ya se expresó con extrema prudencia el pasado 30 de noviembre. "Intentamos proponer", manifestó, "nuevas medidas sobre la separación de propiedad y sobre un regulador para liberar los mercados de energía en beneficio de los consumidores".

Piebalgs, que es a quien corresponde presentar la propuesta aún no se ha pronunciado, "ni renunciado a la división de propiedad", según fuentes próximas a su departamento. "Lo que quiere el comisario", señalan las mismas fuentes, "es una separación efectiva que aumente la competencia de manera real".

La forma alternativa que se baraja es el modelo escocés donde un Operador Independiente del Sistema de Transmisión es el gestor de la red de transporte. Las instalaciones de transporte puede seguir siendo propiedad de cualquiera de las compañías históricas del sector, pero la gestión es efectuada por una sociedad de servicios completamente independiente, con sus propios accionistas.

Estas gestoras decidirán las inversiones necesarias con independencia de sus propietarios a los que pagarían un canon por el uso de la red y no tienen obligación alguna de informar de las condiciones que fijan a sus clientes. No obstante, la complejidad de este sistema alternativo tampoco ofrece excesivas garantías y parece ser más consecuencia de la presión de las grandes empresas que el resultado de un análisis de las opciones más ventajosas.