El alto cargo imputado en el 'caso Andratx' avaló una urbanización en suelo rústico

El ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Baleares, Jaume Massot, que fue detenido por el caso Andratx y que está actualmente en libertad pero imputado en la trama de supuesta corrupción urbanística, informó en menos de dos días, en 2003, a favor de la recalificación de suelo para la construcción de una urbanización de 670 casas. El proyecto para 2.013 habitantes afecta a un terreno rústico de 52 hectáreas en Marratxí, en la isla de Mallorca, e implicará un aumento del 7,5% de la población del municipio, ya saturado en estos momentos.

La petición del diagnóstico del Ayuntamiento de Marratxí tiene fecha de salida del 18 de noviembre de 2003. Massot rubricó su dictamen ["informe jurídico sobre la afección de la reclasificación de un suelo urbanizable a la dt (disposición transitorial) 4ª de la Ley 6/19992] el 20 de noviembre y el mismo día desde el Gobierno se le dio salida y registro informático, según la copia a la que se ha tenido acceso. Tras el estallido del escándalo de Andratx, el PSOE de Marratxí, en la oposición al PP, ha reclamado que no se lleve a cabo la iniciativa urbanizadora, que ve "contaminada" por el dictamen de Massot.

La prevista operación inmobiliaria en cuestión, altamente rentable por la gran demanda existente y la carestía de suelo edificable, está ubicada en la periferia en crecimiento de Palma. La definición de esta zona de desarrollo, que no vulneraba las supuestas medidas de contención de crecimiento del 3% de suelo -según el criterio de Massot-, formó parte de las negociaciones sobre nuevas áreas urbanizables del plan territorial de Mallorca de 2004.

El cierre de este plan territorial fue fruto de un pacto entre el presidente de Baleares, Jaume Matas (PP), y su socia Maria Antònia Munar, presidenta del Consell de Mallorca, de Unió Mallorquina (UM). El ex director general Jaume Massot, que era el cerebro urbanístico del Gobierno de Matas hasta su detención el 27 de noviembre pasado, fue el redactor del proyecto de ley balear del Suelo, que se frustró por desarrollista.

Massot participó en las complejas negociaciones para definir las urbanizaciones del plan territorial. La dirección estaba en manos de la vicepresidenta balear, Rosa Estarás, y del consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, según detalló Miquel Nadal, vicepresidente del Consell de Mallorca, de UM, quien apuntó a Massot como "el experto" que representaba o asesoraba a los cargos del PP.

Los terrenos agrícolas de Marratxí, cuya urbanización decidieron PP y UM y avaló antes Massot con un informe políticamente relevante pero que no era vinculante, habían sido preservados por la izquierda en 1999, para intentar contener el expansionismo. El urbanismo extensivo y horizontal de casas adosadas ha supuesto la desaparición de los parajes rurales de los alrededores de Palma. Marratxí ha pasado en una década de 16.180 habitantes a 28.237, en datos de 2005.

El PP, que gobierna con independientes en Marratxí, y tiene mayoría relativa en Mallorca, decidió que las hectáreas preservadas de Es Caülls fueran de nuevo edificables. Massot justificó a este diario la celeridad de su trámite en la "diligencia" administrativa y defendió "la corrección" de su dictamen.

Este caso de Marratxí no consta entre los expedientes que están sometidos a investigación en el sumario judicial del caso Andratx. Massot está investigado por la supuesta falsedad de varios certificados sobre la calificación de solares y trámites de permisos.

Dos años después del informe-express de Massot, la normativa municipal de Marratxí aún no ha terminado de modificarse y, por ello, el proyecto privado no se ha iniciado. Los terrenos están integrados en la finca de Es Caülls y están próximos a otra gran promoción de viviendas del mismo nombre y empresario promotor, Fausto Ferrero, del grupo Fer. La dilatada revisión de las normas municipales y su ajuste al plan territorial insular dificultan los trámites finales.

La dirección de la empresa inmobiliaria de Es Caülls, el grupo Fer, al ver invalidados sus derechos urbanizadores por el ex Gobierno balear de izquierdas y el anterior Ayuntamiento progresista de Marratxí, advirtió en 2002 en cartas dirigidas al Ayuntamiento y al domicilio de los concejales, que tendrían que abonarle 48 millones de euros de indemnización. El ex alcalde socialista de Marratxí Miquel Coll ratificó anoche esta información y criticó "la interpretación" que Massot hace de la normativa. "La avaricia rompe el saco", dijo Coll. Promotores inmobiliarios con actividad en Mallorca han valorado en más de dos decenas de millones el volumen del posible negocio.