El Parlamento fuerza la reapertura del debate sobre la fiscalidad de la vivienda

El Parlamento instó ayer al Gobierno y las tres diputaciones a reabrir el debate sobre el tratamiento fiscal de la vivienda, apenas un mes después de que lo diesen por cerrado en la reforma del IRPF. Ni el PNV ni el PP, los partidos que gobiernan las instituciones forales y que votaron en contra, pudieron evitar la aprobación de una propuesta que plantea un cambio completo en el sistema de tributación de los pisos. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, logró, gracias a los votos de los demás grupos, rescatar la iniciativa que lanzó a las tres diputaciones cuando debatían la nueva norma del IRPF, pendiente de aprobar en todas las Juntas, y que las instituciones forales rechazaron de plano.

El Parlamento debatía ayer en comisión el Plan de Vivienda 2006-2009, que resume las principales actuaciones de la consejería, un debate al que Madrazo llegó forzado por la oposición. El consejero se resistía a este formato de debate, precisamente por la posibilidad que da a la oposición de introducir resoluciones de la Cámara en el plan. Al final, a Madrazo le salieron las cosas bien gracias fundamentalmente al apoyo de los socialistas en una sesión maratoniana y con múltiples recesos para permitir alcanzar un acuerdo. La votación de las propuestas de resolución convirtió a la fiscalidad en la estrella de la jornada. El PSE, EHAK, Aralar y los dos socios menores del tripartito (EA y EB) lograron imponer sus planteamientos al PNV, que gobierna en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, y al PP, que lo hace en la de Álava.

La propuesta, apoyada por todas las formaciones que se definen como de izquierdas, apunta de forma directa al nuevo IRPF. En primer lugar, pide que se rebaje la fiscalidad de la vivienda protegida. En segundo término, reclama de forma amplia la modificación de todo el sistema tributario al respecto. Así, propone que se aplique un sistema de transición progresivo para que el gasto fiscal en vivienda, las deducciones, pase a ser gasto directo de las administraciones. Propone igualmente que se aplique un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de pisos vacíos para potenciar que salgan al mercado.

El debate se desarrolló por la mañana con reproches cruzados entre el PNV y el PSE, que acusó a esa formación de no apoyar el plan impulsado por el departamento de su socio.

Impulsar un pacto

Los socialistas pusieron como condición esencial para apoyar el plan que se impulse un gran pacto por la vivienda. Su propuesta incluía a constructores, ayuntamientos y las diputaciones. Pedía igualmente un incremento del gasto previsto en los próximos presupuestos en esta materia, incluyendo la posibilidad de endeudarse. Pacto habrá, porque se aprobó una enmienda transaccional, pero sólo incluirá a los municipios. Petición de más fondos también, pero la palabra "endeudamiento" desaparece del texto.

En total, se aprobaron 24 propuestas de los grupos al plan, que el Gobierno aprobó en octubre pasado. Nueve de ellas fueron transaccionadas. El plan preveía que casi un tercio de las 27.000 viviendas que se quieren impulsar en su periodo de vigencia se destinasen a alquiler. La Cámara fue ayer más lejos y aprobó que el 50% del total de los pisos se dediquen a ese fin y que, de ellos, un tercio sean para alojamientos rotacionales y viviendas sociales. Los socialistas lograron el apoyo de otros grupos a una propuesta que insta al Gobierno a ampliar el parque público de viviendas de alquiler. También en relación con el alquiler el PSE consiguió suficientes apoyos para instar al Ejecutivo a pactar con las cajas de ahorro vascas la promoción de la vivienda arrendada.

El PP, que no transaccionó ninguna proposición, logró que se apoyasen cinco de las 25 que presentó. Entre ellas figura una en la que se insta al Gobierno a crear un servicio público de inspección de viviendas protegidas, "con el fin de evitar el fraude". Pide también esta resolución que se controlen los requisitos y compromisos de los beneficiarios, y con este objeto, la colaboración de otras administraciones y registros, "en particular las diputaciones forales, colegio de notarios y colegio de registradores".

EHAK logró que se aceptasen dos de sus iniciativas. En una de ellas se insta al Gobierno a que en seis meses presente un proyecto de ley de Vivienda. En este sentido, una propuesta aceptada a los populares extiende a todo el año próximo el plazo para presentar toda la legislación que debe acompañar al plan.

El plan prevé una inversión de 2.815 millones de euros para el cuatrienio 2006-2009 (ver gráfico). La consejería se ha marcado como objetivo construir 27.000 viviendas protegidas. De ellas, el propio departamento asume la promoción directa de 10.300 y ha propuesto la edificación de 10.950 a los ayuntamientos y 5.750 a los promotores privados.

El impulso a la construcción de vivienda protegida se va a traducir en un incremento del 67% con relación a los pisos promovidos en el anterior plan, que estuvo en vigor en el periodo 2002-05. Durante ese tiempo se edificaron un total de 16.200 viviendas frente a las 27.000 que se quieren levantar ahora y con las que se pretende cubrir las necesidades de 33.000 familias.