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Editorial:

Claroscuros antitabaco

Casi un año después de que se empezara a aplicar la Ley Antitabaco, los datos descendentes sobre las ventas de cajetillas resultan esperanzadores. Pero la aplicación de la norma en el ámbito de la hostelería y el escaso respeto que han demostrado por ella comunidades autónomas como la de Madrid o la Valenciana confirman que se dan resistencias significativas a la limitación pública del consumo de tabaco. Los datos de ventas, a 1 de diciembre, reflejan una reducción de un 3% respecto al momento en el que se empezó a aplicar la norma (el 1 de enero de 2006). Aunque este porcentaje no es muy elevado, sí refleja un significativo asentamiento de la tendencia a la reducción de su consumo. Esto hace pensar que la Ley Antitabaco ha contribuido a ilustrar a los ciudadanos sobre el perjuicio que fumar causa a la salud, así como de la necesidad de preservar el derecho de los no fumadores a no estar expuestos al humo del tabaco en los lugares de trabajo o en los locales públicos. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, asegura que han dejado de fumar unas 500.000 personas en 2006.

Mientras la prohibición de fumar en los centros de trabajo se ha cumplido de forma generalizada (apenas ha habido quejas), en la hostelería la medida no ha sido efectiva. Las sociedades médicas se quejan de que, a día de hoy, hay menos de un 15% de bares en España libres de humos. En muchos locales de más de 100 metros no se han creado espacios específicos para no fumadores, y en otros se han establecido de forma ficticia con, por ejemplo, biombos que dejan pasar el humo de una zona a otra. La gran mayoría de los bares de menos de 100 metros han optado por dejar fumar a sus clientes. Así se explica que la ley haya sido bastante menos eficaz que la aplicada en Irlanda, que prohibía fumar en todos los pubs y que consiguió una reducción del consumo de tabaco de un 18% en su primer año de aplicación.

Pero el aspecto más controvertido de esta ley ha sido su utilización política por parte de comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid y la de Valencia, algo especialmente reprochable en el caso de una ley que pretende proteger la salud pública. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió hace unos días no frenar el decreto aprobado por Madrid sobre esta ley. El empeño de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de hacer su propia lectura de la norma para permitir fumar en bodas y otras celebraciones, así como en los bares de los centros de trabajo, no hace sino sembrar confusión entre los ciudadanos. El respeto de la opción de los fumadores no puede llevar al perjuicio de los no fumadores, ni viceversa. Ése era el espíritu de la norma. Para defender el bien común es siempre mejor negociar acuerdos satisfactorios para todos que adoptar medidas unilaterales de carácter regional. Una situación que choca con las recurrentes quejas de los populares sobre la desigualdad en los derechos ciudadanos en todo el territorio español.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de diciembre de 2006